
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de hasta 138 años de prisión a miembros de la pandilla 18 por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en la zona rural de Sonsonate, El Salvador. Según información oficial difundida por el Centro Judicial de El Salvador, la estructura criminal, identificada como la clica Piwaynos Borrachos Sureños (PWS), operaba en sectores como Joya de Cerén, El Sunzal y San Isidro, entre otros del departamento de Sonsonate.
La sentencia más severa recayó sobre Fernando Antonio Galán, alias Nando, declarado rebelde por la justicia y condenado a 138 años de cárcel. En el mismo proceso, Daniela Yovana Fuentes Aguilar, conocida como La Pulga, recibió una pena de 68 años de prisión.
Otro imputado, Jeremías Esaú García Contreras, enfrentó una condena de 58 años. Además, el tribunal dictó penas de entre 20 y 40 años para otros 17 integrantes de la misma organización, todos por extorsión agravada y participación en agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con el reporte del Centro Judicial de El Salvador, la investigación acreditó que los condenados actuaban bajo la modalidad de extorsión continuada y estaban vinculados a al menos nueve episodios documentados.
Víctimas de extorsión en zonas rurales: comerciantes y transportistas bajo amenaza constante
Una de las víctimas relató que en septiembre de 2022, mientras conducía un vehículo de transporte público en el cantón La Joya, distrito de Izalco, fue interceptada por miembros de la estructura criminal, quienes le exigieron 50 dólares a cambio de no atentar contra su vida.
La extorsión se repitió en varias ocasiones, y durante 2023, otros ocho pequeños comerciantes también sufrieron exigencias similares por parte del mismo grupo, incluyendo pagos adicionales durante diciembre bajo el concepto de “aguinaldo”.

Intensificación de penas en Centroamérica frente a la expansión de la extorsión pandillera
Este caso se suma a una serie de condenas recientes contra estructuras de pandillas en la región centroamericana. Según reportes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Homeland Security Investigations (HSI), durante la operación CAGE en 2013, 207 miembros de pandillas, incluyendo integrantes de la 18 y MS-13, fueron arrestados por delitos de extorsión y homicidio en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En esa ocasión, las autoridades incautaron celulares y documentos que vinculaban a los arrestados con múltiples casos de extorsión en la región 207 gang members arrested in HSI-led Central America operation.
En 2022, un tribunal federal de Maryland condenó a tres miembros de MS-13 por cargos de extorsión, conspiración, asesinato y narcotráfico. Según información de la Drug Enforcement Administration (DEA), los sentenciados extorsionaban a comerciantes locales y transferían parte de los beneficios a líderes de la organización en El Salvador.
El veredicto incluyó evidencias de al menos seis homicidios vinculados a la estructura, subrayando el impacto de las pandillas transnacionales en la vida cotidiana de comunidades tanto en América Central como en Estados Unidos Three MS-13 Members Convicted of Racketeering, Murder, Extortion.
En otro caso destacado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2024 a líderes de MS-13 en Honduras y Nicaragua por actividades de extorsión, narcotráfico y lavado de dinero.
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