La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un amplio operativo para desmantelar una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en El Salvador.
Según reportó la FGR, la investigación permitió identificar a los principales líderes y desarticular diversos niveles operativos de la organización, que introducía mercancía ilegal por pasos fronterizos no habilitados en las zonas limítrofes con Guatemala y Honduras.
Las operaciones se desplegaron en la zona oriental, donde la red utilizaba al menos cinco clicas para recibir los cargamentos y distribuirlos en comercios locales. En la región paracentral y occidental, la estructura empleaba rutas similares para asegurar una distribución eficiente, trasladando la mercadería hasta San Salvador y, desde ahí, abastecían a vendedores en distintos municipios del país.
Durante el operativo, las autoridades incautaron evidencias que fortalecerán las investigaciones, tales como:
- Vehículos
- Tres fusiles
- Una pistola
- Una motocicleta
- Dinero en efectivo
- Teléfonos móviles.
La FGR señaló que las investigaciones tomaron aproximadamente dos años. Durante este periodo, se reveló que el grupo funcionaba con jerarquías definidas: los líderes coordinaban la entrada del producto a través de pasos fronterizos irregulares.
Otros miembros se encargaban del transporte, almacenamiento y distribución final de los cigarrillos ilegales. Los hallazgos evidencian la sofisticación de la cadena de contrabando, que abarcaba desde la introducción inicial hasta la venta minorista. Los capturados serán procesados por los delitos de contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.
Las penas por contrabando pueden alcanzar seis años de cárcel y multas crecientes
El marco normativo establece que el ingreso, tenencia y comercio de cigarrillos sin la documentación aduanera requerida o la leyenda “Importación a El Salvador” constituye un delito aduanero tipificado por la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras y la Ley de Control del Tabaco.
El literal g) del artículo 15 de la citada ley sanciona la introducción no declarada de mercancía extranjera con penas de prisión de hasta seis años y multas proporcionales al valor de la carga.
Un caso reciente ejemplifica la aplicación judicial de la ley: una mujer fue condenada a seis años de prisión por traficar cien paquetes de cigarrillos, además de enfrentar multas y el decomiso total de la mercadería utilizada.
Impacto fiscal, salud pública y lucha contra las redes criminales
El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas han reiterado ante los medios que el contrabando de cigarrillos deteriora la capacidad recaudatoria del Estado y facilita el financiamiento de organizaciones criminales. Las marcas retenidas en los más recientes operativos carecen, en su mayoría, de registro sanitario y presentan condiciones de almacenamiento incontroladas, lo que incrementa los riesgos para la salud de los consumidores.
Las autoridades salvadoreñas anunciaron que los controles y la vigilancia continuarán en todo el territorio nacional. Los responsables, según el marco legal vigente, enfrentarán penas privativas de libertad y el pago de severas multas, además de la incautación de bienes y la posible remisión a la Fiscalía para procesamiento penal.
Estas medidas buscan tanto interrumpir el flujo de productos ilícitos como desarticular las redes que aprovechan las debilidades fronterizas para consolidar operaciones que trascienden el contrabando menor, afectando la economía formal y la salud de la población.
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