El Salvador fortalece la formación de servidores públicos mediante acuerdo entre organismos clave

El convenio suscrito entre ambas instituciones permitirá impulsar el desarrollo de competencias técnicas y jurídicas, promoviendo la actualización constante de auditores y abogados especializados en el control fiscal y la normativa sanitaria

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La Corte de Cuentas y la Superintendencia de Regulación Sanitaria firman un convenio para mejorar la capacitación en control fiscal y regulación sanitaria. (Foto: Corte de Cuentas de la República)
La Corte de Cuentas y la Superintendencia de Regulación Sanitaria firman un convenio para mejorar la capacitación en control fiscal y regulación sanitaria. (Foto: Corte de Cuentas de la República)

Funcionarios públicos accederán a capacitaciones especializadas que apunten a mejorar la calidad del control fiscal y la regulación en materia sanitaria, gracias al reciente acuerdo suscrito entre la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS).

Esta alianza estratégica permitirá a ambos organismos potenciar las competencias técnicas y jurídicas de su personal, con especial énfasis en la actualización de auditores y profesionales del área legal.

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El convenio, formalizado mediante una Carta de Entendimiento firmada por Walter Salvador Sosa, presidente de la CCR, y Noe Geovanni García Iraheta, superintendente de Regulación Sanitaria, abre la puerta a una colaboración interinstitucional sostenida. La participación de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores en el acto de firma refuerza el compromiso institucional con la mejora en la gestión pública.

Como parte del acuerdo, la SRS se encargará de capacitar al personal de la Corte de Cuentas en temas de Derecho Sanitario y en la aplicación de la Ley de la SRS junto a su normativa relacionada. Esta instrucción busca brindar herramientas técnicas especializadas para la fiscalización en el ámbito de la salud, facilitando la interpretación y ejecución de la regulación sanitaria vigente.

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El acuerdo fortalece las competencias técnicas y jurídicas de los funcionarios públicos, con especial énfasis en auditores y profesionales legales. (Foto: Corte de Cuentas de la República)
El acuerdo fortalece las competencias técnicas y jurídicas de los funcionarios públicos, con especial énfasis en auditores y profesionales legales. (Foto: Corte de Cuentas de la República)

La transferencia de conocimientos por parte de la SRS pretende fortalecer la capacidad de los equipos de auditoría pública, permitiéndoles evaluar la legalidad y eficiencia de los procesos en las instituciones sujetas a su control.

En reciprocidad, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), integrará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora. Un banco de formadores especializados impartirá estos conocimientos, con el objetivo de ampliar las habilidades del personal de la SRS en auditorías, controles y procesos internos bajo criterios de integridad y transparencia.

Durante la ceremonia de firma, el presidente de la Corte de Cuentas destacó que la iniciativa “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”. Ambas instituciones apuestan así por la formación continua como pilar de una administración pública eficiente.

La SRS impartirá formación en Derecho Sanitario y la correcta aplicación de la Ley de Regulación Sanitaria al personal de la Corte de Cuentas. (Foto: Corte de Cuentas de la República)
La SRS impartirá formación en Derecho Sanitario y la correcta aplicación de la Ley de Regulación Sanitaria al personal de la Corte de Cuentas. (Foto: Corte de Cuentas de la República)

La colaboración entre la CCR y la SRS representa un compromiso por la profesionalización constante del sector público y la mejora de los estándares de gestión estatal. Con la capacitación conjunta, se busca incrementar los niveles de especialización en áreas cruciales como la regulación sanitaria y la fiscalización de recursos públicos.

Este esfuerzo conjunto tiene como meta última consolidar una administración pública más profesional, transparente y eficiente, preparada para responder a los desafíos actuales y contribuir al bienestar de la ciudadanía.

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