La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) consiguió que un total de 26 procesados, entre ellos varios exintegrantes de los concejos municipales de Coatepeque, Santa Ana, sean enviados a juicio por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones ilícitas luego de una decisión del Juzgado 2° de Instrucción de Santa Ana.
Desde el año 2012 hasta 2018, este grupo habría desviado dinero estatal asignado para distintas obras de infraestructura dentro de distrito.
La investigación de la FGR señala que estos recursos debían destinarse a la construcción de calles, pavimentaciones, cordones cuneta y trabajos de concretado en Coatepeque, pero las obras nunca llegaron a ejecutarse.
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Las imputaciones contra los exmiembros de los concejos municipales y otros acusados se sustentaron en el análisis de las partidas presupuestarias asignadas y en la ausencia comprobada de los proyectos.
La admisión total de las pruebas por parte del tribunal permitirá a la FGR buscar la devolución de los fondos al Estado y la sanción penal de los implicados en caso de establecerse su responsabilidad.
“El Juzgado 2° de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la con las que se pretende demostrar la culpabilidad de los acusados para que devuelvan el dinero al Estado”, expresa una publicación de X.
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La corrupción municipal en Centroamérica representa un fenómeno de larga data, que impacta negativamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Casos como el investigado en Coatepeque suelen derivar en deficiencias estructurales y rezagos sociales al privar a las comunidades de servicios y obras esenciales.
El actual proceso judicial se inscribe en un contexto regional donde la transparencia en la gestión de recursos y la lucha contra la impunidad constituyen demandas crecientes por parte de la sociedad civil e instancias internacionales.
Etapas judiciales y expectativas del juicio
Durante la audiencia, el juzgado de Santa Ana decidió admitir todas las pruebas recabadas por la FGR, lo que incrementa la probabilidad de que los acusados deban responder no solo a las sanciones penales sino también a obligaciones civiles asociadas a la restitución de los fondos sustraídos.
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La fiscalía manifestó su objetivo de lograr que los responsables devuelvan el dinero al Estado salvadoreño si se confirma el uso indebido de los recursos públicos.
Entre las pruebas relevantes presentadas destacan documentos financieros, registros de planificación de obras y testimonios que refuerzan la hipótesis de la inexistencia de las infraestructuras prometidas.
Dicha documentación podría convertirse en un elemento clave para la sentencia del tribunal. El periodo analizado por la Fiscalía abarca es de seis años.
Los delitos de peculado y negociaciones ilícitas tienen especial relevancia en la legislación salvadoreña al incidir directamente en la gestión del patrimonio público y la protección del interés general.
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Antecedentes: allanamiento y sospechas de irregularidades
En el año 2019, la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado realizó un allanamiento en las instalaciones de la Alcaldía de Coatepeque, todo ello, con el objetivo de recabar información sobre siete proyectos municipales bajo sospecha de irregularidades.
La investigación del ente determinó que en estas obras se desembolsaron un total de 332,722 dólares provenientes de fondos de inversión municipal.
Las diligencias estuvieron orientadas a verificar los gastos mediante la revisión de las carpetas técnicas originales, los acuerdos de priorización y los documentos de adjudicación de los proyectos.
La acusación por malversación se presentó ante la Fiscalía el 17 de agosto de 2016, ante indicios de que los proyectos municipales no cumplieron con los requisitos técnicos y legales establecidos.
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Todos los proyectos investigados corresponden a obras de reparación o construcción de calles en el municipio, algunas de las cuales permanecen inconclusas o no fueron ejecutadas.
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