El Salvador establece un nuevo referente en la profesionalización de la justicia al crear por decreto legislativo el Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, una entidad con autonomía técnica y académica cuya sede principal estará en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.
Según el proyecto legislativo, el propósito del Instituto es formar talento humano altamente calificado mediante programas que abarquen desde la formación inicial hasta doctorados en áreas jurídicas, criminalísticas y ciencias forenses.
El decreto que formaliza su creación entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y establece que la Fiscalía General de la República será la entidad responsable de su administración y operación.
Entre las últimas disposiciones del texto normativo, se define que el Instituto contará con un patrimonio propio, integrado tanto por recursos consignados en el presupuesto de la Fiscalía como por fondos de cooperación internacional.
Además, la Corte de Cuentas de la República ejercerá la fiscalización presupuestaria, mientras que el Instituto deberá implementar mecanismos de control interno, auditoría independiente y vigilancia continua sobre el uso de sus recursos.
Según la exposición de motivos, la pluralidad de delitos, el desarrollo de las ciencias forenses y criminalísticas, y las demandas de un sistema de justicia moderno exigieron la creación de un centro universitario capaz de proporcionar formación continua y especializada.
Las autoridades destacaron que solo a través de la excelencia académica, ética y técnica del personal fiscal se garantizarán respuestas efectivas ante los retos de la criminalidad contemporánea.
Por tanto, se considera indispensable crear una institución de educación superior orientada a la capacitación de profesionales en ciencias jurídicas, criminología, administración de justicia e investigación criminal.
El Instituto se constituye como una institución pública, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, duración indefinida y patrimonio particular, adscrito directamente a la Fiscalía General.
Su ámbito de actuación abarca el territorio nacional, aunque podrá establecer sedes regionales, centros de extensión y suscribir convenios de cooperación interinstitucional para ampliar su cobertura según los recursos disponibles.
La misión principal del Instituto será formar profesionales de excelencia académica y técnica, altamente especializados en las ramas clave del quehacer fiscal y judicial.
Se ofrecerán programas de formación inicial, capacitación continua, especialización, diplomados, maestrías y doctorados, así como otras modalidades educativas dirigidas a fiscales, agentes auxiliares, peritos, personal técnico, administrativo y funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Además, tendrá la responsabilidad de certificar y acreditar las competencias de quienes participen en sus programas, conforme a estándares reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
En el plano académico, el decreto establece que el Instituto deberá promover la investigación científica y aplicada en las materias inherentes a su labor educativa, fomentar la publicación de libros, revistas y estudios técnicos, e impulsar el desarrollo doctrinario en el ámbito jurídico y forense.
Asimismo, promoverá la formación interdisciplinaria e integral, integrando saberes jurídicos, científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
En materia de cooperación, se autoriza al Instituto a establecer alianzas académicas, científicas y técnicas con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, además de centros de investigación y organismos especializados.
Esta estrategia busca robustecer la formación profesional y propiciar el intercambio de conocimientos con entidades extranjeras.
Representante legal del Instituto
El decreto también determina que el Fiscal General de la República será el representante legal del Instituto, con la facultad de delegar funciones administrativas y académicas a distintas autoridades designadas. Conforme a la regulación vigente, el patrimonio del Instituto incluirá tanto recursos asignados por el Estado como ingresos de cooperación internacional.
Por su parte, la Corte de Cuentas de la República realizará el control presupuestario externo, mientras que el Instituto se obliga a mantener controles internos, auditoría independiente y monitoreo constante de sus finanzas.
La entrada en vigor de este marco legal se producirá ocho días después de su publicación oficial. Con ello, El Salvador busca consolidar una base científica, tecnológica y ética para el fortalecimiento institucional de su sistema de justicia, impulsando la formación de talento comprometido con los valores democráticos y el servicio público.
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