El Gobierno de El Salvador destinó en 2025 $3,087.1 millones al pago de deuda pública, sumando intereses y amortizaciones, según el informe del Ministerio de Hacienda, divulgado el 3 de febrero y analizado por Infobae. Esta cifra representa uno de los niveles más altos de gasto en obligaciones financieras en la historia reciente del país, reflejo de los compromisos asumidos en ejercicios fiscales previos y de la prioridad otorgada a mantener la estabilidad crediticia.
De acuerdo con la documentación, el gasto en servicio de la deuda se dividió en dos grandes apartados: $1,502.3 millones se destinaron al pago de intereses y otros costos financieros, mientras que $1,584.8 millones correspondieron a la amortización de capital. El informe oficial indica que la ejecución en este último rubro alcanzó el 99.1% de lo asignado.
La ejecución presupuestaria revela que el pago de la deuda absorbió cerca de la quinta parte del total devengado por el Gobierno durante 2025. Este monto supera ampliamente los recursos ejecutados en rubros como infraestructura, desarrollo local o transferencias a municipalidades. El documento precisa además que los pagos se realizaron tanto con fondos provenientes del Fondo General como con recursos de préstamos externos.
La asignación para el pago de la deuda pública se mantuvo entre las prioridades centrales del Ejecutivo, junto con los sectores de educación, salud y seguridad. Una parte significativa de los recursos utilizados para el servicio de la deuda corresponde a compromisos adquiridos con organismos multilaterales, acreedores internacionales y emisiones de bonos soberanos.
De acuerdo con el análisis de Infobae, la disciplina en la ejecución de estos pagos busca preservar el acceso a financiamiento externo y evitar escenarios de riesgo crediticio para el país, lo cual se enmarca en el acuerdo financiero que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como parte del programa respaldado por el FMI se prevé una reducción del saldo primario de alrededor de 3.5% del (Producto Interno Bruto (PIB) en un periodo de tres años, con el objetivo central de fijar la deuda pública en una ruta descendente, después de alcanzar un máximo de 85% del PIB durante 2024, según detalló el organismo.
Entre las prioridades identificadas, el FMI subrayó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, incluyendo la publicación de información actualizada sobre deuda, pensiones, funcionamiento de empresas estatales y contratos públicos, además de impulsar mecanismos sólidos contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en línea con los estándares internacionales.
Las medidas fiscales plasmadas en el presupuesto para 2025 —valuadas en 1.5% del PIB— contemplan la disminución de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y un recorte en las transferencias a municipios. El programa también exige mejorar la eficiencia de la función pública, apuntalar la viabilidad del sistema de pensiones y ampliar los ingresos estatales para mantener la estabilidad fiscal y reducir los costos del endeudamiento, priorizando la inversión pública y la protección de los sectores más vulnerables.
Deuda pública salvadoreña
Según los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública total del país en 2025 alcanzó los $33,807.1 millones, incluyendo los $11,241.13 millones adeudados al sistema de pensiones.
Sin la deuda de pensiones, el monto es de $22,565.98 millones, según los datos oficiales, lo que refleja el peso que la deuda sigue teniendo sobre las finanzas del Estado.
El desglose indica que el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con $21,854.39 millones, de los cuales $20,659.22 millones corresponden al Gobierno Central. Dentro de este segmento, los instrumentos financieros de corto plazo como LETES (Letras del Tesoro) representan $1,161.39 millones.
El resto del gobierno general y las empresas públicas no financieras suman $301.52 millones y $893,65 millones, respectivamente: mientras que el sector público financiero registró $706.35 millones.
En cuanto a la deuda externa pública, el país debe $15,224.93 millones. El sector público no financiero es responsable de $14,628.72 millones, donde el Gobierno Central representa $14,011.52 millones y las empresas públicas no financieras suman $617.2 millones.
El sector público financiero tiene obligaciones externas por $590.96 millones, mientras que el Banco Central de Reserva mantiene $5.24 millones en esta categoría.
Por su parte, la deuda interna pública asciende a $7,341.05 millones. El sector público no financiero mantiene $7,225.66 millones; de ese monto, $6,647.7 millones se atribuyen al Gobierno Central, $301.52 millones al resto del gobierno general y $276.45 millones a empresas públicas no financieras. Y el sector público financiero suma $115.39 millones de deuda interna.
Las cifras oficiales muestran que el peso de la deuda externa sobrepasa al de la deuda interna, situando al país en una posición de mayor exposición ante el contexto financiero internacional. El comportamiento de estos saldos y su estructura por sector continuará bajo observación de entes financieros, dado su impacto en las políticas fiscales y monetarias.
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