La UBA vuelve a reclamar por la Ley de Financiamiento y realizarán clases públicas en Plaza de Mayo

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volverán a reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y piden que el Gobierno acate los fallos judiciales que ordenan la recomposición salarial. Es por eso que realizarán una serie de clases públicas en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía para visibilizar el reclamo.

De acuerdo a lo que informaron en un comunicado oficial, los universitarios piden que la Justicia haga cumplir la normativa aprobada en 2025 y que el Poder Ejecutivo aplique lo que indica el proyecto.

En ese marco, desde las siete de la mañana hasta la medianoche, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas al público en general. Además, habrá actividades científicas y de salud para que la ciudadanía pueda atenderse en la vía pública.

Se brindará atención gratuita a la comunidad en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.

También se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la casa de estudios. De este modo, la UBA busca poner en valor el impacto concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública.

Emiliano Cagnacci, docente de la UBA y Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), sintetizó el espíritu de la jornada: “Salimos a la calle una vez más para reclamar que la justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el gobierno acate los fallos. Esta es una Ley necesaria en la Argentina de hoy, pero que por sobre todo nos va a permitir construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro”.

El trasfondo del conflicto tiene raíces en el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la ley 27.795 solo podría ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento. Esa decisión motivó la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales ante la Justicia, que ordenó, como medida cautelar, el cumplimiento inmediato de parte de la normativa.

En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa cautelar, que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de las becas estudiantiles. El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde la UBA interpretaron que esa decisión implicó un aval implícito a la ley en su conjunto.

Cagnacci había señalado en ese momento a Infobae que, a partir de la cautelar, deberían actualizarse los salarios que habían quedado rezagados en años anteriores. “El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la Corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, sostuvo.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo y las autoridades universitarias firmaron un acta acuerdo que incluyó un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos. El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de ese mes.

Sin embargo, el conflicto no se saldó con ese acuerdo. El 1° de septiembre de 2026, el juez federal Cormick hizo lugar a una nueva cautelar en una causa específica de la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su resolución, el magistrado remarcó que el impacto fiscal de la norma equivale a apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

La jornada de este martes se enmarca, además, en una serie de medidas de fuerza que se vienen desarrollando de forma consecutiva. Ese mismo día vencía el cuarto intermedio fijado en las paritarias entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización salarial según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición por el desfasaje de 2024. En caso de que el Gobierno no cumpla con la ley antes de la primera semana de octubre, los gremios anticiparon la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria.