Cada vez más provincias limitan el uso de celulares en la escuela y ponen el foco en el rol de las familias

Los celulares están perdiendo lugar en las aulas argentinas. En línea con restricciones adoptadas en varios países europeos y asiáticos, cada vez más jurisdicciones buscan tener escuelas “libres” de smartphones. Los principales argumentos apuntan a la concentración en clase, el impacto en el aprendizaje, la sociabilidad cara a cara y la salud mental de los estudiantes. Sin embargo, el debate sigue abierto: algunas jurisdicciones promueven su uso pedagógico y, para algunos expertos, dejar los teléfonos fuera del escenario educativo también entraña riesgos.

Ya son al menos siete las jurisdicciones que restringieron el uso de teléfonos móviles en la escuela: CABA, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Salta, Neuquén, Tucumán y La Pampa. Esta semana CABA endureció su política con una resolución que amplía la regulación aprobada en agosto de 2024 por la ministra Mercedes Miguel: el gobierno porteño declaró a todas las aulas de la ciudad “libres de celulares”.

Los teléfonos estaban prohibidos en primaria y en el nivel inicial, tanto durante la clase como en los recreos. Ahora esa prohibición se amplió a la secundaria durante las horas de clase: “Está prohibido tener el celular en el momento de aprendizaje, y eso vale tanto para estudiantes como para docentes”, dijo Miguel a Infobae. Durante el recreo, los alumnos de secundaria sí podrán usar sus teléfonos.

La ministra explicó que la decisión se basó en estudios internacionales y en evidencia propia, surgida de un relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en 199 escuelas porteñas y de los cuestionarios complementarios de las evaluaciones FESBA y TESBA, en las que participaron casi 30.000 estudiantes.

“Los datos fueron muy claros. Cinco de cada diez chicos dicen que quieren dejar el celular y no pueden. Y ocho de cada diez estudiantes de secundaria dicen que lo llevan a la escuela y se dispersan. Ellos mismos declaran que les cuesta muchísimo dejar de chequear el teléfono. El celular hackea la atención de los chicos. Necesitamos que en el aula estén presentes y prestando atención, porque nuestro foco es el aprendizaje”, explicó Miguel.

Mientras otras jurisdicciones dejan la decisión en manos de las escuelas, Miguel argumentó por qué en CABA se optó por una regulación centralizada: “Nos dimos cuenta de que hacía falta un apoyo institucional más fuerte del ministerio para que las escuelas pudieran sostener la norma. Algunos profesores eran más estrictos y otros más laxos, y eso generaba diferencias dentro de las instituciones”.

En la provincia de Buenos Aires también rige desde este año la Ley 15.534, que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias, tanto en el aula como en los recreos. Si bien no utiliza la palabra “prohibición”, la norma aprobada en septiembre de 2025 por la Legislatura bonaerense establece que los estudiantes no pueden utilizar el celular mientras estén en la escuela, salvo que tengan la autorización de sus docentes para un uso pedagógico.

En PBA la regulación fue aprobada por ley y reglamentada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a cargo de Flavia Terigi. Desde la DGCyE señalaron que esta nueva norma “se suma a distintas prácticas en cada escuela primaria respecto al uso de celulares en situaciones puntuales y con una clara direccionalidad por parte de los y las docentes, y a una red de formación y acompañamiento en educación digital”.

El desafío de la educación digital

A nivel mundial, organismos como Unesco y Unicef alertaron sobre los efectos del uso excesivo de celulares en el aprendizaje y en la salud mental de niños y adolescentes. El psicólogo estadounidense Jonathan Haidt se volvió una de las voces más influyentes en este debate, que ocupa cada vez más espacio en los foros educativos internacionales. En Argentina, fueron los docentes quienes primero encendieron la alarma: muchos denuncian que los teléfonos se convirtieron en un obstáculo para enseñar.

“Definir que en ciertos espacios y momentos los dispositivos se guardan y se apagan puede ser una decisión válida. Aprender también implica poner límites y construir acuerdos sobre cuándo conectarse y cuándo no”, reflexionó Mariela Reiman, directora de Chicos.net. De todos modos, Reiman consideró la medida solo tiene sentido si se cumplen dos condiciones fundamentales: “Hay que seguir educando sobre ciudadanía digital, y hay que garantizar otras tecnologías disponibles en la escuela”.

Esta es una “segunda oleada” de restricciones. Hace casi veinte años, en 2006, varias provincias –entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Jujuy– ya habían limitado el uso de celulares –que entonces solo servían para llamar y enviar SMS– por su impacto en la concentración. La llegada de los smartphones coincidió con un clima de optimismo tecnológico y confianza en su potencial pedagógico. En la última década, sin embargo, ese entusiasmo empezó a revertirse.

Los expertos que cuestionan las prohibiciones sostienen que el celular puede ser una herramienta educativa si se utiliza con reglas claras y bajo conducción docente. Argumentan que forma parte de la vida cotidiana de estudiantes y adultos, y que puede favorecer aprendizajes activos a través de aplicaciones o producción de contenidos. Desde esta mirada, el problema no sería el dispositivo sino la ausencia de criterios para su uso pedagógico.

También hay situaciones en las que su uso genera consenso, como en el caso de estudiantes con discapacidades –auditivas, visuales o motoras– que lo utilizan como herramienta de accesibilidad, o en contextos vulnerables donde las escuelas carecen de equipamiento digital propio.

Los impulsores de enfoques más restrictivos sostienen que limitar el uso en la escuela no implica necesariamente una desconexión del mundo digital, imprescindible para formar a los chicos para la ciudadanía y el trabajo en el mundo actual. En CABA, por ejemplo, la innovación en la enseñanza y la “transformación digital para el aprendizaje” son dos de los pilares del plan Buenos Aires Aprende. El nuevo diseño curricular de primaria define la Educación Digital como una de las “áreas transversales” y prevé el abordaje de la inteligencia artificial.

En la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Tecnología Educativa trabaja tanto con las escuelas como con los institutos de formación docente. Según explicaron a Infobae, los ejes de trabajo incluyen construir acuerdos entre docentes, estudiantes y familias sobre el uso del celular; sensibilizar a las familias sobre los riesgos y sobre los conflictos que puede generar la presencia de celulares en el aula; pero también elaborar criterios entre docentes y equipos directivos “para su integración en propuestas de enseñanza”.

Las leyes provinciales

Con distintos matices, la preocupación por el impacto de las pantallas en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los chicos se replica en varias jurisdicciones. En 2025 las legislaturas de Salta y Neuquén aprobaron leyes para limitar el uso de celulares en las escuelas.

En Salta, la Ley Nº 8474 estableció un “protocolo marco” para que cada escuela adapte las reglas a su realidad. El uso de celulares está prohibido en el nivel inicial; en primaria solo se recomienda a partir de 6º grado pero con fines pedagógicos y autorización familiar; y en secundaria puede utilizarse dentro de propuestas educativas, pero no en el recreo. Además, el ministerio prohibió la creación de grupos institucionales de WhatsApp entre docentes, directivos y familias.

En Neuquén, la Ley Nº 3520 prohíbe el uso del celular en los niveles inicial y primario, salvo autorización excepcional de la dirección. En secundaria puede utilizarse únicamente cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos. Además, en abril pasado el gobierno provincial bloqueó el acceso a redes sociales y a sitios no educativos dentro de las escuelas.

Tucumán aprobó en diciembre de 2024 la Ley Nº 9.852, que habilita el uso de celulares solo como “herramienta pedagógica” o en casos vinculados a salud o discapacidad. En la práctica, el grado de restricción queda en manos de cada escuela.

Una de las provincias pioneras fue Catamarca, donde la resolución Nº 621 de 2022 prohibió el uso de teléfonos celulares en todos los niveles educativos, salvo excepciones por razones pedagógicas o situaciones de emergencia. La medida comenzó como prueba piloto en una escuela secundaria y luego se extendió a todo el sistema educativo provincial.

Este año también se sumó La Pampa. La resolución N° 77, aprobada a fines de febrero, prohíbe el uso de teléfonos en el nivel inicial y primario, mientras que en secundaria solo se permite de manera excepcional cuando la propuesta pedagógica lo requiera. La medida enfatiza que los docentes son “modelo de referencia” para los estudiantes y que, por lo tanto, las restricciones también los alcanzan a ellos. La resolución del ministerio pampeano afirma que la escuela tiene “la responsabilidad de formar ciudadanías críticas y de restituir los tiempos de la demora y el pensamiento”.

Santa Fe, por su parte, trabaja en el diseño de protocolos con lineamientos comunes para todo el sistema educativo. Mientras se terminan de definir las normas, el ciclo lectivo 2026 comenzó con recomendaciones generales para limitar el uso de celulares en el aula. Según anticipó el ministro José Goity en declaraciones públicas, el criterio será diferenciado por nivel educativo: en primaria no podrán utilizarse, mientras que en secundaria se admitirá el uso pedagógico. Desde el ministerio provincial anunciaron que están trabajando en un plan de educación digital que incluye el trabajo con IA.

Definiciones por escuela

La mayoría de las provincias hoy delegan la regulación en las escuelas, sin un marco general unificado: los protocolos de qué se puede hacer y qué no con los teléfonos se definen en los “acuerdos de convivencia” de cada institución educativa. Pero más allá de que no haya leyes o normas provinciales, en todo el territorio nacional hay escuelas que ya prohibieron el uso de los dispositivos; en general las regulaciones llegan después de esas experiencias –para respaldarlas, promoverlas o matizarlas–.

En Córdoba, el Ministerio de Educación elaboró orientaciones para que cada institución acuerde sus propias reglas. Según declaraciones del ministro Horacio Ferreyra, 9 de cada 10 escuelas de la provincia ya elaboraron su reglamentación. El criterio central es que los dispositivos solo se utilicen cuando tengan un propósito pedagógico explícito. “Cada institución debe acordar, en el marco de su acuerdo escolar de convivencia, las condiciones en que se permitirá el uso de estos dispositivos en el aula y en los diferentes espacios escolares”, establece el documento del ministerio cordobés.

En las legislaturas de al menos cinco provincias se están discutiendo proyectos que establecen restricciones. El tema es transversal a las diversas fuerzas políticas: en Córdoba lo impulsa un legislador del partido Encuentro Vecinal; en Entre Ríos, uno de La Libertad Avanza; en Chubut, el espacio Arriba Chubut (peronista); en Río Negro, el bloque PJ-Nuevo Encuentro; en La Rioja, el radicalismo. La mayoría de estas iniciativas son del año pasado, pero aún no avanzaron.

Hay casos en los que el oficialismo impulsa la regulación por ley. En Chaco, el Ejecutivo presentó en 2025 un proyecto para restringir el uso de celulares durante los primeros años de primaria y permitirlo de forma limitada en los años posteriores cuando el docente lo considere necesario para la actividad pedagógica.

En Jujuy, el Ministerio de Educación venía trabajando en una normativa para prohibir el uso de celulares en primaria, en el marco de un plan más amplio de educación digital que incluyó la distribución de aulas móviles con computadoras y otros recursos tecnológicos en las escuelas de la provincia.

El rol de las familias

Más allá de las normas escolares, muchos ministros de Educación ponen el foco en la responsabilidad de las familias. En CABA, por ejemplo, el gobierno lanzó el “Compromiso familiar por estudiantes sin celular”, que propone postergar la entrega del primer smartphone hasta al menos el inicio de la secundaria y establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.

La firma es voluntaria y puede realizarse en las escuelas o de forma virtual. Según el ministerio, en los primeros diez días ya lo firmaron 25.000 familias.

“A fines del año pasado convocamos a varios expertos a una mesa sobre protección digital y ahí quedó muy claro que los movimientos de familias son clave para limitar el acceso temprano a celulares y redes sociales. Para una sola familia es muy difícil decirle a su hijo que no va a tener redes sociales si todos sus amigos sí las tienen. Pero cuando un grupo de familias toma la misma decisión, el efecto es mucho más fuerte”, explicó Mercedes Miguel a Infobae.

“La idea es generar un movimiento de familias para que no se sientan solas poniendo límites. Sabemos lo adictivas que son las redes sociales: es muy difícil que un chico sea el único de su grupo que no las tiene”, argumentó Miguel, y mencionó las experiencias de movimientos similares en Inglaterra, Italia y Francia. También destacó el impulso de la asociación Manos Libres, que surgió como iniciativa de un grupo de padres de Pilar para alentar a las familias a que posterguen la entrega del celular y el acceso a redes sociales.

Desde provincia de Buenos Aires también ponen el foco en la necesidad de que las familias asuman una responsabilidad clara en este tema. “Siempre insistimos en que la tenencia de celulares es algo que promueven las familias, que son las responsables del uso que realicen sus hijos e hijas”, dijo la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, a Infobae.

“En ese sentido, las orientaciones sobre el uso adecuado del celular deben darlas las familias”, consideró Terigi. Y subrayó: “En las escuelas podemos analizar esos usos, sensibilizar sobre los riesgos, y enseñar usos pedagógicos de la herramienta”.

El rol de las familias también ha sido destacado por las autoridades de Misiones, donde las normas provinciales –como la Ley de Educación Disruptiva de 2018– alientan el “uso responsable” de las tecnologías digitales en la escuela. Allí la “prohibición” no figura en el radar, si bien cada vez hay más escuelas que avanzan en ese rumbo.

Otra provincia que va a contramano de la tendencia a prohibir es Mendoza. En marzo de 2025 la Ley 9611 modificó una normativa anterior que restringía la utilización y autorizó expresamente los dispositivos móviles en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas. Desde el gobierno provincial sostienen que el celular es una herramienta pedagógica valiosa si se utiliza de manera adecuada.

El enfoque oficial en Mendoza apunta a regular y promover el uso educativo de la tecnología antes que prohibirla. Aun así, en algunas escuelas comenzaron a surgir iniciativas propias para limitar los celulares, impulsadas por directivos y familias preocupadas por la concentración de los estudiantes y la convivencia escolar: más allá de las definiciones de la política, en todas las provincias el debate está abierto.