El Ejecutivo nacional ha comenzado negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas, con la intención de garantizar viabilidad fiscal y atender los reclamos históricos del sector académico. Este movimiento responde a los numerosos conflictos y protestas recientes, tras los reiterados vetos presidenciales a la ley que ajustaba los presupuestos universitarios de acuerdo con la inflación.
El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria. El último de estos vetos ocurrió después de que el Senado sancionara la norma el 22 de agosto de 2025.
Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.
En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron este martes una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIN, para comenzar a tejer respaldos institucionales al proyecto antes de su presentación parlamentaria. Durante el encuentro, Greco calificó la reunión como “de acercamiento en la dirección correcta” y expresó: “Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos”. Por su parte, Bartolacci destacó que persisten “muchos temas que quedan por resolver”, aunque consideró el diálogo “un paso en la dirección correcta”.
Según fuentes del Ejecutivo, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. Para agilizar el trámite y evitar nuevas confrontaciones públicas, el Gobierno busca la sanción de una norma que resuelva la negociación presupuestaria y cierre los frentes legales en una única instancia parlamentaria.
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