Rectores universitarios de todo el país piden que los gobiernos prioricen la educación pública

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los representantes de 70 universidades estatales, pidió al próximo gobierno que priorice la educación pública. Lo hizo en una declaración aprobada en el plenario de rectoras y rectores en Rosario, a la que adhirieron referentes de distintos espacios políticos, como Horacio Rodríguez Larreta y Wado de Pedro.

El documento, rubricado por las 70 instituciones universitarias públicas del país, afirma que la educación pública puede “igualarnos en derechos y en oportunidades, formarnos como seres humanos y transformarnos en nuestro entorno personal y social”. Por ello, considera que “debe ser una de las políticas de Estado más importantes”.

Al texto ya adhirieron formalmente referentes de distintos espacios políticos, como Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Schiaretti, según confirmaron a Infobae desde el CIN. El gobernador santafesino, Omar Perotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, estuvieron presentes la reunión y también firmaron su adhesión.

En la declaración, los rectores universitarios de todo el país definen la educación pública como “uno de los pilares básicos de la Nación argentina”, ya que constituye una “parte fundamental de su sello distintivo” y ha dejado “su impronta más profunda desde los tiempos de la constitución y organización del país”.

Con motivo de las elecciones 2023 y de los 40 años de democracia, los responsables de las universidades públicas plantearon que “las dificultades que viene atravesando nuestro país desde hace décadas solo se podrán revertir con más y mejor educación pública”. Y advirtieron: “Por el contrario, impulsar políticas excluyentes y mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable del cual el Estado nacional pueda ser prescindente condena al país a incrementar las desigualdades, el atraso y la exclusión de vastos sectores sociales”.

Los rectores proponen que el fortalecimiento de la educación sea “un eje central en todos los programas y debates que se sucedan en esta etapa electoral, de tal manera que se encuentre presente de manera destacada en los diálogos de cada argentina y argentino de todas las ideas y de todas las expresiones políticas”.

Como parte del pedido, las autoridades universitarias sostuvieron que “la educación debe ganar mayor centralidad en la agenda pública de los próximos meses como parte de una alternativa primordial que contribuya significativamente a superar los niveles acuciantes de pobreza y marginalidad que no podrán ser resueltos solamente en términos económicos”.

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También propusieron que “cada candidata o candidato exprese a la sociedad qué lugar considera que ocupa la educación pública en sus preocupaciones, qué programas tiene para desarrollarla y cómo fortalecerla”, considerando que “los silencios en este tema pueden ser presagios de futuros ataques a esta columna vertebral de la Nación”. Asimismo, recordaron que la Constitución nacional consagra los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, así como la autonomía y autarquía de las universidades públicas.

Reunidos en Rosario por el Día de la Bandera, los rectores evocaron a Manuel Belgrano, “quien dio el ejemplo de este ideario al donar el reconocimiento monetario a sus esfuerzos como general para la construcción de cuatro escuelas en distintos puntos de nuestra geogra­fía, al mismo tiempo que promovió la creación de diversas academias profesionales”.

La declaración enfatiza el rol de la educación pública en la construcción de la identidad y la cultura argentina: “La instrucción pública argentina se desarrolló desde entonces, cuando pocos Estados del mundo destinaban recursos y esfuerzos a educar al soberano, creando y fortaleciendo una identidad nacional que ofreció una plataforma de dignidad, crecimiento y posibilidad de ascenso social a todos los habitantes del suelo argentino”.

También destaca el valor histórico de la Ley 1420 de educación común, obligatoria y gratuita, sancionada en 1884, que “expresó con total claridad esta prioridad política que fue acompañada por una importante inversión en infraestructura educativa y, también, el destino de fondos para la formación de maestras y maestros”.

El documento reivindica, asimismo, los valores de Reforma Universitaria de 1918 (“democracia y cogobierno, libertad de cátedra, extensión y compromiso social, autonomía y desarrollo del pensamiento crítico”) y el decreto presidencial 337 de 1949, que estableció el acceso gratuito a la universidad “no solo para toda nuestra juventud sino para toda persona que, a cualquier edad, sin ningún tipo de restricción por motivos de origen, etnia, culto, género, discapacidad, condición social o ideología política, pueda tener la oportunidad de acceder a estudiar, a crecer, a tener nuevas capacidades y oportunidades personales y, a la vez, mejorar y transformar su entorno social”.

“Estamos absolutamente convencidos de que la educación pública en todos sus niveles, con el sistema universitario público argentino en particular, es patrimonio de toda la Nación y se encuentra a su servicio. Es parte inseparable de nuestra sociedad, fruto de sus esfuerzos, y una de las principales usinas de crecimiento y transformación”, concluyen los rectores hacia el final de la declaración.

Allí se dirigen a la ciudadanía: “Argentinas y argentinos, demos prioridad a la educación pública en todos sus niveles en los nuevos tiempos que se avecinan. Vivimos en una sociedad donde la complejidad productiva y la velocidad de los cambios tecnológicos demandan políticas que jerarquicen la inclusión y la calidad educativa de todos los integrantes de nuestro país”.

Para los representantes de las universidades, a lo largo de los más de 200 años de historia nacional la educación pública ha sido “el sostén y el pilar de una sociedad integrada”. De cara al futuro, afirman, será un factor clave para sostener la cohesión social, fortalecer la democracia, resguardar la convivencia y el respeto a los derechos humanos, y transformar el sistema productivo nacional.

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