La presión impositiva sobre el sector agropecuario se mencionada desde hace tiempo como uno de los principales problemas y limitantes de la actividad agropecuaria, con impuestos que van desde tasas viales municipales hasta los derechos de exportación, produciéndose así una superposición de tributos. Pero el inconveniente mayor es que estas alícuotas se encuentran en constante actualización, por lo que la participación del Estado no para de crecer en la renta agrícola.
En ese sentido, el índice que de manera trimestral elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó en el presente mes que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 63,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, presentando un aumento del 1,6% en comparación con junio pasado. Esto significa, que de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $63,40 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos.
Por otro lado, la participación del Estado en la renta de una hectárea de maíz fue del 55,5%; en una de trigo del 59,6%; en una de girasol del 49,8%, y en una soja del 67,5%. En relación a los índices provinciales, Córdoba registró un 63,1%, Buenos Aires 61,4%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 66,0% y San Luis 62,1%. Hay que recordar que ayer, durante una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, reclamó una eliminación gradual de las retenciones.
Los especialistas de la Fundación señalaron que el aumento fue impulsado por mayores costos de los insumos, donde los fertilizantes presentaron incrementos anuales de hasta el 50%, los fitosanitarios por encima del 50% y hasta el 100% de crecimiento en sus precios. Al respecto, el economista jefe de FADA, David Miazzo, sostuvo que “los mayores costos hacen reducir la renta, pero los impuestos no se reducen en la misma proporción. Esto pasa porque el principal impuesto son los derechos de exportación que se calculan sobre el precio de los productos y no sobre las ganancias que genera la producción”.
En lo relacionado a los costos, desde FADA determinaron que un 53% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, y si se considera el costo de la tierra pasan a representar el 65%. Por el lado del maíz, hay un aumento del peso de los costos en comparación con la oleaginosa, con los costos dolarizados que ascienden al 58% y si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 65%.
Impuestos
Al describir cómo se compone la presencia del Estado en la renta agrícola, el informe señaló que la misma es a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, donde algunos son coparticipables y otros no. “Uno de los grandes problemas es que la gran mayoría son nacionales no coparticipables, son recursos que se producen en el interior, pero no llegan a las ciudades y podrían traducirse en obras, empleo e inversión en el interior productivo”, advirtió Miazzo.
En ese sentido, FADA sostiene que los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, donde hay una elevada injerencia de los derechos de exportación, también mencionadas como retenciones, y luego aparecen el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Y además desde la Fundación sostienen que el nivel registrado en el primer trimestre, es el más alto desde 2019, que fue el momento en que se comenzó a realizar las mediciones.
Por otro lado, los impuestos nacionales coparticipables, que son entre el Gobierno nacional y los provinciales, actualmente representan el 26,7%, a través del impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA. Por último, lo recaudado por los municipios representa el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
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