
El Gobierno decidió no incorporar una estimación del costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso. Según explicó el Ejecutivo, esto se debe a que los proyectos adheridos se encuentran, en su mayoría, en las primeras etapas de implementación.
Para entender cómo se contabilizan los beneficios impositivos en el Presupuesto, se toma en cuenta el concepto de gasto tributario en referencia a la pérdida de recaudación derivada de tratamientos tributarios preferenciales.
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El objetivo de esos regímenes especiales es promover actividades económicas, favorecer determinadas zonas o grupos de contribuyentes, incentivar comportamientos o reducir la carga tributaria sobre ciertos consumos. A diferencia de una asignación presupuestaria directa, este mecanismo genera incentivos mediante una disminución de las obligaciones impositivas.
Para 2027, el gasto tributario total fue estimado en $51.914.317,8 millones, equivalente al 3,67% del PBI (0,02 puntos porcentuales menos que en 2026). De ese monto, $45.692.398,7 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los distintos impuestos, mientras que $6.221.919,1 millones están vinculados con beneficios otorgados a través de regímenes de promoción económica.
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En este último grupo se incluyen los programas que establecen exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales, diferimientos y otros beneficios que implican una pérdida potencial de recursos para el Estado. Sin embargo, el RIGI presenta una particularidad que impide, por ahora, asignarle una cifra dentro de esa proyección.
“Dado que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación (inversión), el gasto tributario asociado al régimen podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos. Sin embargo, es posible acceder a partir del sitio web oficial a una caracterización completa de los proyectos incluidos en dicho régimen”, precisa el documento oficial.
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Cabe mencionar que ya hay 23 proyectos con luz verde por un total de USD 49.766 millones. La mayoría se concentra en el sector de minería y petróleo y gas. En este último caso, el grueso de las inversiones (USD 3.251 millones) se prevén ejecutar el próximo año.
Como referencia, en mayo pasado, con solo 13 iniciativas aprobadas, el impacto fiscal del RIGI ascendía a USD 1.837 millones anuales, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI, según el diputado Guillermo Michel, quien fue titular de la Aduana durante la gestión anterior.
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Entre los beneficios contemplados en el cálculo, se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—.
Cuánto cuestan los otros regímenes de promoción
El proyecto sí calcula el impacto fiscal de otros regímenes de promoción económica. En conjunto, para 2027 representan un gasto tributario equivalente al 0,44% del PBI, lo que supone una disminución respecto al 0,48% calculado para este año.
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Los principales componentes serán el régimen para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con un costo estimado de 0,18% del PBI; la promoción económica de Tierra del Fuego, con 0,13%; y la Economía del Conocimiento, con 0,06%.
En un segundo grupo aparecen el régimen de promoción industrial y el régimen de autopartes, con 0,02% del PBI cada uno, mientras que la promoción de la actividad minera representa 0,01%.
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En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) soporta el 36,3% de los gastos tributarios con un monto de $18.825.030,1 millones, equivalente a 1,33% del PBI. Del total correspondiente a este tributo, el 92,5% surge de exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la propia ley, mientras que los $1.413.059,5 millones restantes corresponden a beneficios de distintos regímenes de promoción económica.
En el Impuesto a las Ganancias, los gastos tributarios alcanzan $9.187.298,1 millones, equivalentes al 0,65% del PBI proyectado. Por su parte, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como Monotributo, representa $15.087.628,9 millones, el 1,07% del producto.
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En los impuestos que gravan los combustibles, el gasto tributario asciende a $4.520.092,8 millones, equivalentes al 0,32% del PBI. La mayor parte se explica por la diferencia entre las sumas fijas aplicadas a las ventas de naftas y gasoil y por la exención vigente para los combustibles utilizados en la zona sur del país.
Finalmente, las Contribuciones a la Seguridad Social implican un gasto tributario de $3.194.928,4 millones, equivalente al 0,23% del PBI. El componente más relevante corresponde a la reducción de las contribuciones patronales por zona geográfica, un beneficio que, al adoptar la forma de crédito fiscal en el IVA, también repercute sobre la recaudación de ese impuesto.
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