
El gobierno de Javier Milei informó esta tarde que seguirán las denuncias contra empresa y personas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el llamado proyecto Sea Lion que llevan adelante una empresa israelí y otra inglesa en el norte del territorio argentino en disputa. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, destacaron en un comunicado.
La Oficina del Presidente informó en X que “se ha dispuesto el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. Ello se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos, y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental”.
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Entre los alcanzados por la nueva ronda de sanciones figuran Shlomo Eliahu Holdings Ltda, accionista de Navitas Petroleum LP, de Israel; y cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Abeerden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd, ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel. También quedó incluido David Williamson Dobson, accionista y presidente no ejecutivo de Borders & Southern, del Reino Unido.
La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco: Gil Holzman, accionista y CEO de la empresa; Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman y Gadi Levin, accionistas y directores; y Alice Carroll, accionista y miembro de la compañía. Se agregan, por su rol como proveedores estratégicos de infraestructura, Bluewater Energy Services BV y Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Países Bajos y Reino Unido respectivamente, junto con Noble Corporation UK Ltd., del Reino Unido, matriz de uno de esos proveedores.
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La inclusión de Bluewater, que había sido adelantada por Infobae, responde al vínculo comercial de la firma neerlandesa con Navitas. Bluewater es dueña del buque Aoka Mizu, la plataforma que dará inicio a la producción de crudo en el yacimiento. Esta empresa –que nació en 1978 y se especializa en sistemas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y sistemas de amarre (SPM) y boyas (CALM) para la industria del petróleo– es la misma compañía que fabricó recientemente las dos monoboyas que utilizará el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Si bien desde VMOS aseguraron que “no hay conflicto alguno con Bluewater”, dado que el contrato por Vaca Muerta fue firmado antes que la empresa neerlandesa trabajara en Sea Lion, el Gobierno igualmente decidió incluirla en la lista para los procesos sancionatorios.
La repartición fue enfática al destacar que es “un nuevo paso en la misma dirección” que viene estableciendo en los últimos días y que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. “Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, explicó la Oficina del Presidente.
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“La ampliación de estos procedimientos responde a un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos. El Gobierno Nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables. El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, cerró el comunicado.
Denuncia penal
Ayer por la noche, el Gobierno anunció también que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y extracción de petróleo en las Islas Malvinas, por presuntas violaciones a la Ley 26.659, que prohíbe realizar esas actividades sin autorización argentina. La acusación también alcanzará a directivos, representantes y otras personas involucradas.
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Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La medida apunta especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por firmas con permisos otorgados por el Reino Unido. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones son ilegítimas porque avanzan sobre recursos naturales en un territorio cuya soberanía Argentina reclama.
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Además de la denuncia penal, la Cancillería ya había anunciado sanciones contra 45 personas y empresas relacionadas con estas operaciones. El Gobierno sostuvo que busca defender los recursos naturales y la soberanía argentina sobre Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
En paralelo, Milei instruyó incluir en el Presupuesto 2027 prioridades vinculadas a seguridad nacional, como el desarrollo de la Base Naval Integrada. La decisión se conoció poco después de que el Presidente reafirmara en cadena nacional el reclamo argentino sobre las islas y criticara el avance del proyecto Sea Lion.
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