El Gobierno vuelve a fijar una cláusula “anti China” en el proceso para privatizar Belgrano Cargas

El Gobierno avanza con el proceso de privatización de Belgrano Cargas e incluirá una cláusula que limita la intervención de empresas que estén controladas de forma directa o indirecta por Estados extranjeros. Esta medida, conocida como “cláusula anti-China”, sigue la misma línea que se aplicó en los concursos de la Hidrovía y del proyecto AMBA I para ampliar la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La administración libertaria tiene previsto anunciar este jueves la apertura de la licitación para concesionar las vías de Belgrano Cargas por un plazo de 50 años, ofreciendo también la posibilidad de adquirir el material rodante.

La resolución, que será publicada por el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo en el Boletín Oficial, convoca a los interesados a presentar sus propuestas hasta mediados de noviembre, aunque excluye del proceso a aquellas sociedades que estén bajo el influjo total o parcial de gobiernos foráneos.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae, se autoriza la utilización de los trazados ferroviarios y los terrenos colindantes correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, como parte del proceso de privatización.

“Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza”, definieron desde el Gobierno.

El objetivo señalado en el pliego es elegir a los futuros concesionarios responsables de la gestión de las vías e infraestructura de estas líneas, lo que abarca tanto las tareas de mantenimiento como los trabajos de modernización.

No obstante, el primer artículo aclara que la convocatoria contempla la “opción a la adquisición del lote de material rodante respectivo a cada línea”. Esta alternativa no es obligatoria, por lo que cada interesado podrá decidir si la toma o no.

Con esta inclusión, las autoridades nacionales respondieron a los planteos de algunas compañías interesadas en el Belgrano Cargas, que habían objetado la fragmentación del pliego.

El plan definido por el Poder Ejecutivo divide el proceso de privatización: por un lado, la concesión de obra pública sobre las vías y los terrenos asociados, cuyo llamado se publicará este jueves; por otro, la venta de material rodante a través de una subasta pública, la cual figura como opción en la licitación principal; y, finalmente, la utilización de los talleres.

“La concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria”, explicaron fuentes oficiales.

Todo el proceso se realizará mediante la plataforma digital CONTRAT.AR, donde se difundirán los llamados aprobados, incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los específicos de cada una de las tres líneas.

La resolución establece un calendario detallado: las consultas sobre la documentación podrán hacerse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”, y el plazo para presentar ofertas finalizará “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”. La apertura de sobres se efectuará “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

Para analizar las propuestas, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ‘ad hoc’, conformada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

En cuanto al destino de los fondos obtenidos, la resolución que se publicará en el Boletín Oficial señala que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquellos incluidos en los contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

La privatización abarca 7.594 kilómetros operativos distribuidos en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y enlazan con cinco pasos internacionales: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El contrato, de 50 años, no contempla cánones ni subsidios estatales; los ingresos del concesionario provendrán del cobro de peajes a los operadores y de la explotación comercial de los inmuebles adyacentes a las vías, como silos y parques logísticos.

Bajo la perspectiva del Gobierno, la extensión elegida del plazo responde a que “mejora las condiciones para financiar las obras. Permite distribuir el recupero de las inversiones durante más años, haciendo más financiables los proyectos y reduciendo la presión sobre los ingresos que debe generar la concesión para sostener las obras”.

Según cálculos oficiales, desde 1970, la producción agropecuaria argentina, principal demandante del transporte ferroviario de cargas, “se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que entonces”.

Aunque podrían producirse modificaciones de último momento, el esquema original preveía inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones destinados a la línea San Martín, 260 millones a la Belgrano y 75 millones a la Urquiza, con un tope de financiamiento de 435 millones de dólares para todo el proyecto.