¿Crisis del gasoil?: la pesca advierte que aumento del 40% en los costos pone en riesgo 43.000 empleos

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.