La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.
Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la República Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
En su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos. Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.
Agradecimiento
La Procuración del Tesoro agradeció el respaldo del Departamento de Justicia de EEUU y señaló que seguirá “ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.
En su documento, el Departamento de Justicia de EEUU, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, dice que los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones”.
Esa práctica litigiosa, dice, “está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución”.
Por eso, prosigue, “aunque la Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital (un juicio por el default de 2002) que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento”.
Según el Departamento de Justicia norteamericano, “Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar que los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes se adhieran cuidadosamente a los principios básicos de relevancia y sean sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso”.
Y ahí va al centro de la cuestión, el llamado “Discovery”.
“En este caso -afirma- los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales, exigencias que son incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros. Al no estar satisfechos con los esfuerzos de Argentina para cumplir, los demandantes han presentado ahora una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina”.
Los demandantes, se extiende el documento oficial del gobierno de Trump, “también han solicitado información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en poder del banco central de Argentina; Argentina sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por ser propiedad de un banco central extranjero, y también afirma que carece de información sobre la ubicación de las reservas de oro en poder de una entidad jurídica separada”.
Exigencias intrusivas en áreas sensibles
La argumentación oficial norteamericana es que “exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa con gobiernos extranjeros y abrir la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros”.
Por eso, alega, “Estados Unidos respetuosamente sostiene que los tribunales deben considerar, al evaluar una solicitud para suspender el descubrimiento en una acción contra un soberano extranjero, las preocupaciones relacionadas con la cortesía internacional, la reciprocidad y las relaciones exteriores que plantean solicitudes de descubrimiento potencialmente gravosas e intrusivas dirigidas a un estado extranjero o a sus funcionarios”.
Hace una semana, en su primera acción como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Amerio había presentado ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina “la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, recordando además que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.
Esa presentación es lo que reforzó ahora el Departamento de Justicia norteamericano.
Cabe consignar también que en la semana la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.
Esto, en principio, le permitiría encapsular el litigio por YPF y concentrar allí sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos
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