La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde se discutirán tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios. En ese contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina recibió una confirmación inusual: el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina.
La intervención de la cartera judicial estadounidense constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que pide formalmente un espacio para hablar en favor de la Argentina en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con Burford Capital. El pedido oficial de la Procuración incluyó una solicitud para ampliar el tiempo de exposición, con el objetivo de que el representante estadounidense cuente con una mayor intervención durante la audiencia.
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La decisión de Estados Unidos de presentarse “codo a codo” junto a la defensa argentina representa la segunda señal concreta de apoyo del país norteamericano en la causa tras el escrito presentado a fines de febrero ante la Corte de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas.
La jornada del 16 de abril incluirá las apelaciones por el fallo de Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF (turnover), la presentación realizada por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y el discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios.
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El primer respaldo
Este nuevo movimiento del Departamento de Justicia no es un hecho aislado, sino la profundización de un giro estratégico que comenzó a visibilizarse a fines de febrero. En aquel entonces, la administración de Donald Trump ya había marcado la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como un “escudo” diplomático para la Casa Blanca.
En ese documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.
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La disputa se centró en la fase de intercambio de pruebas o discovery. Los demandantes habían solicitado a la justicia neoyorquina la aplicación de multas coercitivas de USD 1 millón por día y la ejecución de “sanciones de preclusión”.
¿Qué buscaban con esto? Que la jueza asumiera como un hecho que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son simples “alter egos” del Estado, facilitando así el embargo de sus activos. Sin embargo, el respaldo de EE.UU. subrayó dos puntos que la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, sostiene como banderas.
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Por un lado, el Departamento de Justicia consideró que exigir comunicaciones privadas de altos funcionarios (como chats de WhatsApp o correos de Gmail) resulta incompatible con las normas de cortesía internacional.
Por otra parte, se destacó que el país ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, demostrando voluntad de cooperar dentro de los límites de su inmunidad soberana.
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De los escritos a la voz en el estrado
Si bien en febrero la Casa Blanca intervino mediante una “presentación de interés espontánea” (sin llegar a ser un amicus curiae formal), lo que ocurrirá el 16 de abril escala la apuesta. Por primera vez, el apoyo dejará de ser solo de papel para convertirse en una defensa oral frente a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones.
Para los analistas del caso, como Sebastián Maril, este patrón muestra que Estados Unidos ha decidido jugar un rol activo en temas específicos como la entrega de acciones (turnover) y el desacato, aunque todavía mantiene cautela respecto al fondo de la apelación principal por los USD 16.100 millones. Aun así, para la estrategia argentina, contar con el representante del Departamento de Justicia hablando “codo a codo” en la audiencia es un activo político y legal que busca inclinar la balanza en un momento de máxima tensión financiera.
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