Juicio por YPF en EEUU: el Gobierno dijo que no está en desacato y que es víctima de “un intento inadmisible de hostigamiento”

“En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina no se encuentra en desacato en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York”.

Al filo del comienzo del 2026, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), un organismo que encabeza Santiago Castro Videla, emitió un comunicado dando su opinión sobre las últimas novedades del juicio por la expropiación de YPF.

Se trata de una compleja y extensa demanda que tramita hace más de una década en EEUU y por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por mala praxis expropiatoria. Esa condena está apelada y, en paralelo, Burford Capital, quien compró hace 10 años los derechos para litigar en esta causa y es el principal beneficiario del fallo, insistió con diversas medidas para cobrar. Entre ellas, pedir las acciones que el Estado tiene en la petrolera, o demostrar alter ego entre ambas –básicamente, que el Gobierno y la empresa son lo mismo– para intentar embargar activos del país en el exterior.

“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo que defiende al Estado en el país y el exterior, y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

Desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal.

La PTN –que lleva el caso por medio de los dos subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira– se refiera a algunas decisiones que tomó la jueza Loretta Preska, que encabeza la causa principal y condenó al país en primera instancia.

Como detalló este medio, Burford se prepara para pedirle formalmente a Preska que declare al país en desacato en un proceso cuya agenda autorizó la jueza y se dará desde marzo. Restan saber aún los argumentos finales del demandante y si Preska decidirá en ese sentido, pero Burford argumenta que el país nunca presentó comunicaciones de chats y mail de funcionarios y ex funcionarios que demostrarían el alter ego, y por eso pide sanciones y que se declare al país en desacato.

Una desobediencia de ese calibre no sería buena noticia para la estrategia del gobierno de Javier Milei de hacer que los grandes inversores vuelvan a mirar al país o pensar en emitir deuda bajo legislación americana. Además, cuando Preska va a decidir sobre el tema se estará desarrollando en Nueva York la Argentina Week, un evento para inversores globales al que tiene planeado asistir el propio Presidente.

“En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense”, detalló la PTN, que remarcó que el país “actúa de buena fe”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”. Para Burford no es suficiente.

Sin embargo, el Gobierno cree que ese proceso de discovery es “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios” y que se trata de una maniobra “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.

Las autoridades remarcaron que las acciones de Burford se derrumbaron 29% en este año, sobre todo después de la audiencia por la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia. Fue en octubre y el estado cree que salió beneficiado antes los jueces de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York.

“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.