
El Gobierno anunció este lunes un paso clave para la concreción del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, al habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra, con participación de inversión privada.
En este contexto, se publicó el Decreto 921/2025, cuyo propósito es reducir el riesgo de interrupciones en el suministro, fortalecer la red eléctrica nacional y aliviar los cuellos de botella estructurales que hoy restringen el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales puntos de consumo.
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“Se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación”, aseguraron desde la Secretaría de Energía.
La norma establece que las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico consideradas prioritarias se ejecutarán a través de licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo el régimen de la Ley de Concesión de Obra.
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Este esquema habilita la participación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, sin afectar de manera directa los recursos fiscales, y aporta previsibilidad jurídica y sustentabilidad económica al proceso.
Además, el decreto asigna a la Secretaría de Energía la responsabilidad de llevar adelante el proceso licitatorio, lo que incluye la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. En tanto, el Ministerio de Economía ejercerá el rol de autoridad de aplicación y control.
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“Con esta medida, el Gobierno avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”, manifestó la cartera conducida por María Tettamanti.

“El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico constituye una pieza central de la estrategia para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina”, agregó.
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Ante la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a través de su cuenta de X: “Las obras de ampliación del transporte eléctrico se harán bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
Vale recordar que en julio pasado, el Ejecutivo había puesto en marcha el plan de ampliación del transporte eléctrico con tres obras financiadas por el sector privado.
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Las obras seleccionadas fueron AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
Por lo pronto, la semana pasada el Gobierno inició el proceso para vender las acciones que posee en Transener, la compañía líder en el transporte de energía eléctrica en Argentina. La medida se oficializó a través de la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, difundida en el Boletín Oficial.
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“Con la privatización de la mayor transportadora eléctrica, estamos avanzando para que el privado vuelva a ser protagonista de la economía”, sentenció la Secretaría de Energía.
Además, recientemente se formalizó la transferencia de acciones y la concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas en la región del Comahue.
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El proceso de licitación determinó ingresos por USD 706.885.298,49 para las arcas estatales, resultado de las ofertas realizadas por las ocho empresas participantes.
Luego de la firma de los contratos, los nuevos concesionarios asumirán compromisos vinculados a inversiones, mantenimiento y modernización, con el objetivo de garantizar la continuidad y optimización del servicio hidroeléctrico.
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En paralelo, la Resolución 602/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial dispuso que, a partir del 1° de diciembre de 2025, rija un nuevo precio spot de $14.381 por MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, con impacto directo en las tarifas eléctricas.
En tanto, la Resolución 604/2025 fijó nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero y el 1° de abril de 2026.
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