Planes sociales y AUH: cuántos beneficiarios sumaron en los últimos 16 años y qué impacto tuvieron en la pobreza

En un contexto de persistente vulnerabilidad social, la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), la Prestación Alimentar y el Apoyo Alimentario del Plan 1.000 Días pasó de 4,7 millones en 2009 a poco más de 7,4 millones en 2025. Aun con momentos de inestabilidad y pérdida de su poder adquisitivo, estas políticas lograron tener un impacto significativo en la mitigación de la pobreza y la indigencia.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que de no existir estas prestaciones habría un 10% más de pobres y un 82% más de indigentes, fenómeno más acentuado en los hogares en los que hay menores.

“El paquete de políticas de protección a la niñez y adolescencia tiene un efecto sustancial y medible en la reducción de la pobreza y, de manera aún más pronunciada, en la mitigación de la indigencia”, señaló el reporte.

En cuanto al alcance sobre la pobreza, el conjunto de prestaciones logra reducir la tasa en 3,26 puntos porcentuales (p.p.) para personas y 2,29 p.p. para hogares. En términos absolutos, las asignaciones sociales evitan que 1.529.209 personas y 368.490 hogares sean considerados pobres.

El efecto es aún más marcado en la reducción de la indigencia. Entre las personas, la tasa cae 5,69 p.p., lo que significa que, sin estas políticas, sería un 82% más elevada. En los hogares, la baja es de 3,81 p.p.: en ausencia de estas prestaciones, resultaría un 71% superior.

Así, dichas ayudas son cruciales para que 2.671.992 personas y 611.570 hogares logren superar el umbral de la pobreza extrema (indigencia) y puedan acceder a una canasta básica de alimentos.

Como marco general, la OPC apuntó que “el análisis de la última década y media evidencia una notoria expansión del andamiaje de programas sociales destinados a la niñez. Se advirtieron dinámicas donde la política social a menudo reacciona con rezago al deterioro macroeconómico y dinámicas que muestran una estrategia de intervención proactiva y de reconfiguración de las herramientas de protección”.

No obstante, explicó que la política social, en su concepción actual, se basaría en una lógica transicional: “El énfasis en la eficiencia de las transferencias directas y la priorización de ciertos programas sobre otros se articulan dentro de una visión donde el objetivo último es la estabilización de la economía para, eventualmente, reducir la dependencia de la asistencia estatal”.

“El éxito de esta estrategia dependerá, por tanto, no solo de la suficiencia de estas prestaciones en el corto plazo, sino de la capacidad de los gobiernos para generar las condiciones de crecimiento que vuelvan menos necesario este andamiaje de protección en el futuro”, añadió.

Poder adquisitivo

Por otro lado, la OPC destacó que tras tocar un piso histórico a fines de 2023, la capacidad de compra de la AUH se recuperó gracias a un incremento discrecional y después se mantuvo estable con la actualización mensual por inflación. De esta manera, se logró elevar el poder adquisitivo de la prestación a uno de los niveles más altos de la serie, estableciendo un nuevo promedio de $107.075.

En cambio, la Prestación Alimentar muestra un deterioro sostenido, porque los aumentos no alcanzaron a acompañar la inflación. Al no estar vinculada a una fórmula de actualización automática, su poder adquisitivo queda supeditado a ajustes discrecionales.

Por último, el Apoyo Alimentario del Programa 1.000 Días pasó de tener un valor real muy bajo a uno significativamente mayor luego de un aumento del 500% en 2024, y desde entonces se mantiene estable en términos reales.

Evolución de las prestaciones

La OPC también analizó la evolución de las políticas alimentarias por su nivel de cobertura. Se identificó un salto notorio a partir de 2020, tras la creación de la Tarjeta como política de transferencia directa.

En ese año, atravesado por la pandemia y la consecuente crisis social, la cobertura superó los 1,9 millones de beneficios y llegó a un máximo de 2,5 millones en 2024.

Cabe resaltar que la inversión en las prestaciones atravesó una doble transformación: no sólo aumentó su peso en el presupuesto, sino que también modificó su forma de implementación. Entre 2008 y 2019 su participación fue marginal y se ejecutó, en su mayoría, mediante transferencias a provincias, municipios y organizaciones sin fines de lucro.

Desde 2020, con la creación de la Tarjeta Alimentar, se produjo un cambio estructural en su importancia —llegando al 0,4% del PBI— y el esquema pasó a centrarse en transferencias directas a las personas.

Esta dinámica se mantuvo entre 2021 y 2023, consolidando a la Tarjeta como la herramienta central de contención frente al empeoramiento de la situación socioeconómica. En 2024, el gasto registró una leve desaceleración en términos del PBI.

La AUH se posicionó como un pilar central de la inversión en niñez y adolescencia. Evidenció un crecimiento continuo hasta 2020, cuando alcanzó el 0,7% del PBI, y luego descendió al 0,4% en 2023, antes de repuntar en 2024. Este año vuelve a ubicarse en torno al 0,65% del PBI, uno de sus valores más altos, comparable al observado durante la pandemia.

El Plan de los 1.000 Días, iniciado en 2022, mantiene el menor peso relativo pero con una tendencia ascendente: pasa de 0,01% del PBI a una proyección de 0,04% en 2025.

En conjunto, hasta 2019, los tres componentes mantuvieron una tendencia ascendente, profundizada en 2020, cuando la inversión agregada superó el 1% del PBI. Luego de la contracción registrada hasta 2024, las ejecuciones de 2024 y 2025 evidenciaron un replanteo de prioridades, asegurando un umbral de inversión en torno al 1% del PBI.

“La consolidación de las transferencias monetarias directas como principal instrumento de política social, si bien representa una evolución en términos de eficiencia, se enmarca en un esquema donde la cobertura está delimitada por la restricción presupuestaria”, sostuvo la OPC.