Tras la presentación del Presupuesto, la UIA volvió a reclamar medidas para bajar los costos y fomentar la producción

El proyecto de Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei cosechó un respaldo matizado por parte de las principales entidades empresariales del país. Diversos actores valoraron el compromiso con el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica, aunque advirtieron sobre múltiples desafíos y condiciones pendientes para que se consolide una recuperación sostenida en el sector productivo argentino.

En este sentido, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), evaluó que la presentación realizada por Milei marcó el rumbo de las prioridades gubernamentales en materia económica. Rappallini afirmó: “Desde la Unión Industrial Argentina valoramos la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Presidente Milei. La industria argentina comparte la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como condición de estabilidad macroeconómica, al igual que celebramos la reducción de la inflación y el compromiso con una baja gradual de impuestos”. Rappallini puntualizó que “estos son pasos fundamentales para recuperar la confianza y generar previsibilidad”.

Pero al mismo tiempo instó a avanzar en una mejora de la competitividad sistémica, lo que implica reformas orientadas a reducir el llamado “costo argentino”. Rappallini mencionó la modernización laboral, la reducción de la presión tributaria, la mejora en infraestructura, el acceso a financiamiento productivo y la capacitación de calidad como puntos urgentes. Según sus palabras, una apertura económica sin reformas internas pondría en riesgo al entramado productivo nacional.

Además, Rappallini planteó la necesidad de garantizar “condiciones de igualdad frente a la competencia externa” y manifestó preocupación por el impacto que puede tener el proceso de ordenamiento macroeconómico en el corto plazo, sobre todo en lo referido a la actividad diaria de las empresas. El acceso al crédito y la evolución de tasas de interés permanecen como factores determinantes para la dinámica de inversión y producción.

La voz de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) apareció en sintonía con este posicionamiento. Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, sostuvo en declaraciones mediáticas que es clave el “compromiso con el equilibrio fiscal, pilar central del proceso de ordenamiento económico que la Argentina está atravesando desde hace casi dos años y que tiene al derrumbe de la inflación como su signo más evidente”. Además, exhortó a los diferentes actores políticos y sociales a actuar con sensatez durante el período electoral, advirtiendo que “puede alentar posiciones demagógicas, que al perseguir un rédito político de corto plazo pueden poner en riesgo los progresos alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica”.

También Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), destacó “la insistencia en mantener el equilibrio fiscal, así como la voluntad de lograr los consensos para la aprobación de un presupuesto nacional”. Desde la mirada de Santiago Mignone, titular de IDEA, la relevancia del actual esquema deriva del “compromiso con el equilibrio fiscal, la introducción de reglas fiscales de equilibrio y de estabilidad fiscal”. Mignone subrayó la expectativa de que el Presupuesto se debata en el Congreso “de manera constructiva y responsable”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Mignone puso el acento en los recursos asignados a partidas sociales: “Valoramos que esta nueva etapa contemple medidas que benefician a los sectores más vulnerables con un aumento de partidas para salud, jubilaciones y educación por encima de la inflación”. Consideró positivo, además, el objetivo gubernamental de “generar condiciones necesarias para que las empresas puedan cumplir con su rol de ser generadoras de empleo”.

El análisis del proyecto alcanzó también al sector bancario. Para Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), “el Presupuesto Nacional es una herramienta central para el funcionamiento de la economía; es una responsabilidad compartida entre Poder Ejecutivo y el Congreso”. El directivo de Adeba remarcó que ahora corresponde al Congreso “definir qué monto de gasto le va a autorizar al Poder Ejecutivo y para qué sectores”, y que el gasto debe ser financiable con una carga impositiva razonable, menor que la actual. Bolzico insistió en la necesidad de que “el equilibrio fiscal sea una premisa en la discusión parlamentaria”.

En el capítulo agropecuario, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), rescató la importancia institucional de contar con la “Ley de Leyes” e hizo hincapié en la demanda habitualmente transmitida por los productores: la ejecución de obras públicas, especialmente de infraestructura, postergadas durante tantos años. Según el dirigente, resulta esencial trabajar junto con los gobernadores para alcanzar consensos que permitan el crecimiento del país en su conjunto.

La mirada pesimista sobre la actividad es generalizada. “Es un año difícil para las PYMEs, incluso para las que son proveedoras del sector energético. Estamos igual que hace un año, todavía esperando que arranque. El 30% de las 250 empresas que representamos en GAPP tiene más del 50% de su capacidad ociosa y ya comenzaron los despidos en algunos segmentos”, dijo el director ejecutivo de Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo (GAPP), Leonardo Brkusic.

“Sumado a eso aparecen medidas aperturistas que pueden crear condiciones de competencia desleal para nuestras PyMEs, importando bienes que ya se fabrican en el país o permitiendo el ingreso de equipos usados. Estamos de acuerdo en que las inversiones son necesarias para que haya trabajo. Pero queremos jugar con las mismas reglas de juego, sin cancha inclinada”, agregó el dirigente empresario.