El Gobierno presentó un proyecto para para garantizar estabilidad fiscal por 20 años a las inversiones en energías renovables

La presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina busca transformar el panorama de las energías renovables en el país. La iniciativa, impulsada por la diputada Lorena Villaverde (presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles) y el diputado Martín Maquieyra (vicepresidente primero de la misma comisión), propone extender los incentivos fiscales para el sector hasta el 31 de diciembre de 2045 y eliminar la intermediación estatal en la compra de energía.

La propuesta apunta a consolidar una política energética de largo plazo, con el objetivo de atraer inversiones, garantizar estabilidad y modernizar el mercado eléctrico nacional.

Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se destaca la prórroga de la exención de tributos específicos, cánones y regalías para el acceso y uso de fuentes renovables de energía, beneficio que originalmente vencía a fines de 2025. De aprobarse, esta protección fiscal se mantendría hasta 2045, lo que representa una señal de previsibilidad para los inversores. Además, la iniciativa elimina la obligación de que los grandes usuarios de energía adquieran renovables a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), permitiendo la contratación directa con generadores, comercializadores o distribuidoras, así como la autogeneración. Esta medida, en línea con la política de desregulación y apertura del Gobierno, busca fomentar la libre competencia y la eficiencia en el sector.

El proyecto también promueve la diversificación tecnológica y geográfica de los emprendimientos renovables, incentivando el desarrollo de distintas tecnologías y la expansión de proyectos en todo el territorio nacional. Se prevé la implementación de mecanismos para aprovechar el potencial del país en materia de energías limpias, así como la incorporación de medición inteligente y gestión de la demanda. En cuanto a la seguridad jurídica, la propuesta introduce precisiones normativas para reducir la litigiosidad y brindar mayor certidumbre a los beneficiarios del régimen, reforzando la protección de los derechos adquiridos.

Evolución normativa y resultados del sector renovable

El contexto normativo de las energías renovables en Argentina evolucionó de manera significativa en las últimas décadas. Desde la sanción de la Ley 25.019 en 1998, que declaró de interés nacional la generación eléctrica de origen eólico y solar, hasta la Ley 26.190 de 2006, que estableció metas concretas de participación renovable en la matriz energética, el país avanzó en la construcción de un marco legal orientado a fomentar fuentes limpias.

Sin embargo, los primeros incentivos resultaron insuficientes para impulsar inversiones de magnitud. Fue con la Ley 27.191, sancionada en 2015, que se fijó el objetivo de alcanzar un 20% de consumo eléctrico proveniente de renovables para 2025 y se instituyó un régimen de beneficios fiscales, estabilidad tributaria y promoción de inversiones.

Este marco permitió un crecimiento sostenido del sector, incluso a través de administraciones de distinto signo político. Desde 2016 se instalaron 6.500 megavatios (MW) de potencia renovable, lo que representa el 18% de la demanda eléctrica nacional. Las inversiones acumuladas superan los USD 7.500 millones, con otros USD 4.500 millones en proceso, contribuyendo a la reducción de importaciones de combustibles y a la generación de saldos exportables de gas.

La perspectiva política del proyecto se alinea con la estrategia de desregulación y apertura impulsada por el Gobierno nacional. La eliminación de la compra obligatoria a través de CAMMESA y la promoción de contratos privados buscan modernizar el mercado eléctrico y fortalecer la participación del sector privado. El Gobierno publicó recientemente los lineamientos para avanzar en la privatización del sector y favorecer la competencia, en sintonía con la reforma estructural del mercado mayorista eléctrico prevista para noviembre de 2025.

Los impulsores del proyecto, entre ellos Villaverde y Maquieyra, sostienen que la prórroga de los beneficios fiscales y la actualización del régimen son fundamentales para consolidar una política energética de largo plazo, asegurar la previsibilidad y atraer nuevas inversiones. La propuesta cuenta con el respaldo de otros diputados oficialistas y representantes del sector, que ven en la iniciativa una oportunidad para posicionar a Argentina como referente regional en energías renovables.