El Gobierno nacional se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a una batería de reformas estructurales que abarcan desde cambios en el régimen tributario y el gasto público hasta privatizaciones, revisión del sistema de coparticipación y mayor eficiencia administrativa. Así lo detalla el staff report del organismo, que acompañó la aprobación del desembolso más reciente y establece una hoja de ruta hacia adelante.
Se trata de un plan de 12 medidas que tendrán lugar entre septiembre próximo y finales de 2026. Si bien no conforman una estructura de metas “obligatorias” a cambio de desembolsos, como sí lo son las métricas de acumulación de reservas y de superávit primario mínimo, son mencionadas en cualquier programa de este tipo como fundamentales para que el acuerdo pueda desarrollarse.
Las medidas
- Marco fiscal de largo plazo
- Regla de equilibrio fiscal
- Reforma tributaria integral
- Reestructuración de las empresas públicas
- Revisión del régimen de coparticipación
- Revisión integral del gasto primario
- Focalización de subsidios y programas sociales
- Cierre de fondos fiduciarios
- Más cobertura del SIDIF a agencias y entidades descentralizadas
- Actualización del marco regulatorio de contrataciones públicas
- Reformas en la administración tributaria
- Impacto de las reformas sobre el gasto social y la masa salarial.
El detalle
Uno de los pilares del programa es el diseño de un marco fiscal de mediano plazo, que deberá presentarse junto con el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Según el informe, el objetivo es “anclar expectativas mediante metas realistas de resultado primario y evaluaciones de riesgo fiscal”. Se busca, de esta forma, institucionalizar la disciplina fiscal y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del tiempo.
En esa misma línea, el Gobierno también deberá enviar al Congreso, antes de fin de 2026, un proyecto de ley para incorporar formalmente una regla de equilibrio fiscal dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta norma incluiría metas de deuda y posibles cláusulas anticíclicas. “Una regla explícita de déficit cero permitirá fortalecer la credibilidad y previsibilidad del programa fiscal”, sostuvo el FMI.
La hoja de ruta acordada con el organismo incluye además una reforma tributaria integral, a presentarse antes de diciembre de 2025, una fecha que ya había sido anticipada anteriormente por el equipo económico. El plan apunta a eliminar impuestos distorsivos, racionalizar el gasto tributario en el IVA y revisar tributos especiales y sobre transacciones financieras. El documento señala que esta revisión debe contemplar “la equidad del sistema y la reducción de la dependencia de tributos sobre el comercio exterior”.
Entre los compromisos de mayor alcance político aparece la reestructuración de las empresas públicas. El Gobierno se comprometió a presentar antes de mediados de noviembre de este año un plan integral para mejorar la eficiencia de las empresas estatales y definir un esquema de privatizaciones. De acuerdo a lo que anticipó el FMI, ese plan contará con asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el staff del Fondo, esta estrategia busca “reducir los subsidios operativos y racionalizar el uso de recursos públicos”.
En el plano institucional, se iniciará un proceso de revisión del régimen de coparticipación entre Nación y provincias. Aunque sin fecha límite establecida, esta reforma apunta a “alinear mejor los incentivos fiscales y reducir rigideces presupuestarias”, según el organismo. A tratarse de una reforma que deberá contar con algún tipo de consenso con los gobernadores, es uno de las reformas más complejas entre las planteadas en el organismo.
El acuerdo incluye también una revisión integral del gasto primario, que deberá completarse hacia diciembre de este año. El objetivo es detectar áreas donde mejorar la eficiencia del gasto y posibles reasignaciones, en especial para proteger las partidas sociales prioritarias. Este análisis servirá, también, como insumo técnico para el Presupuesto 2026, que será presentado a mediados de septiembre.
En paralelo, el Gobierno desarrollará una plataforma tecnológica para mejorar la focalización de subsidios y programas sociales, basada en criterios objetivos de elegibilidad. Según el Fondo, esto permitirá “reducir filtraciones y mejorar el impacto distributivo del gasto público”, en línea con el proceso de reducción de subsidios generalizado.
Otro de los puntos acordados implica el cierre de fondos fiduciarios que se financian con recursos del Tesoro. La meta planteada incluye el cierre de todos esos fideicoimisos, salvo uno, antes de fin de año. El que sobreviviría a la “motosierra” será el que financia subsidios para el consumo de gas residencial de zonas frías del país. El informe señala que 29 de los 32 fondos ya fueron eliminados o reformulados y que el proceso “progresa más rápido de lo previsto”.
Otras medidas son, más bien, administrativas y tienen menos peso político o presupuestario. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a ampliar la cobertura del sistema integrado de información financiera (SIDIF) a todas las agencias y entidades descentralizadas de la administración central, un insumo para la gestión diaria del Estado. Perseguiría, como objetivo, mejorar la gestión de caja chica.
El documento también menciona que se actualizará el marco regulatorio de compras y contrataciones públicas. Se trata de una reforma que apunta a ganar eficiencia y reducir costos en la provisión de bienes y servicios estatales. “Una normativa modernizada permitirá mejorar la transparencia y la relación costo-beneficio en el gasto público”, indica el staff.
Además, se profundizarán reformas en la administración tributaria, en base al diagnóstico realizado bajo la “metodología TADAT” (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), una herramienta que desarrolló el FMI y otros organismos para evaluar la eficacia tributaria de un país. El programa incluye mejoras en la gestión de riesgos de cumplimiento y simplificación de procesos para monotributistas y trabajadores autónomos. El FMI considera que esta modernización es clave para “ampliar la base de contribuyentes y mejorar la eficiencia recaudatoria”.
Por último, el Gobierno deberá realizar una evaluación de los efectos que podrían tener las reformas en marcha sobre el gasto social y la masa salarial. La idea es garantizar que los cambios estructurales no afecten de forma negativa a los sectores más vulnerables ni al funcionamiento básico del Estado.
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