Presupuesto 2026: el Gobierno incluirá un análisis de riesgo fiscal y necesitará un superávit más alto por pagos de deuda

El FMI reconoció que el Gobierno se ciñó al equilibrio fiscal con números más altos de lo previsto durante el diseño del programa actual que comenzó en abril y proyecta que, hacia adelante, la Casa Rosada necesitará ejecutar un ajuste aún más amplio: el año que viene, por un aumento del peso de los intereses de deuda, se requerirían 2,2% del PBI de superávit primario para terminar el año en equilibrio fiscal.

Forma parte de la hoja de ruta en términos fiscales que discutieron el Fondo Monetario y el Gobierno en las últimas semanas, en un ida y vuelta en la que llegaron a distintos acuerdos. Entre ellos, que el Presupuesto 2026 que el Ministerio de Economía presentará dentro de 40 días incluirá un análisis exhaustivo de perspectiva y riesgos que tienen las políticas fiscales de ser sostenidas en el tiempo. Y también incluyó una novedad: un objetivo “estructural” del acuerdo con el FMI será “institucionalizar” el déficit cero a través de una ley, que en rigor ya existe pero que debería ser reformulada.

A lo largo de su informe, conocido el viernes un día después de la aprobación de la primera revisión de metas, el organismo internacional sostuvo que alcanzar un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI “es necesario para preservar la estabilidad financiera”. En ese marco, mencionaron que el Presupuesto 2026 “incluirá un marco fiscal de mediano plazo y una evaluación integral de riesgos”.

“Será necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo. Se prevé que el superávit primario aumente a alrededor del 2,5% del PIB a mediano plazo, a medida que aumenten los costos generales de los intereses con la eliminación total de las restricciones cambiarias y el acceso renovado a los mercados internacionales de capital", resumió el FMI. Ese 2,5% de superávit primario mínimo está proyectado para 2027. El año próximo requeriría 2,2% del Producto.

También se incorporarán los efectos de las reformas en marcha y el cierre definitivo de los fondos fiduciarios extrapresupuestarios. Uno solo de ellos quedaría a salvo: el fideicomiso que financia los subsidios a usuarios residenciales de gas de las zonas frías del país. Desde la aprobación del programa actual, se cerraron siete fondos fiduciarios adicionales, con lo que el total asciende a 29 sobre un universo de 32. El proceso, según destacó el staff del organismo, “avanza con mayor rapidez” y sigue alineado con el ancla fiscal.

El informe señala que unas políticas fiscales más estrictas “impulsarán el ajuste externo y aumentarán la acumulación de reservas”, al tiempo que reducirán la dependencia de la política monetaria. En ese sentido, eñ documento del FMI anticipó cuáles serán los puntos principales de la reforma tributaria que, se espera, sea presentada al Congreso luego de las elecciones legislativas. En ese sentido, enumeraron “simplificar y aumentar la equidad del sistema fiscal, racionalización del gasto tributario en el IVA, la revisión de impuestos especiales y la reducción de tributos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras”. Las propuestas iniciales sobre estos cambios fiscales “se presentarán a finales de diciembre de 2025”, con el respaldo técnico del Banco Mundial y el BID, para su implementación en 2026.

En materia de gasto, las autoridades buscarán preservar el ancla fiscal manteniendo al mismo tiempo “espacio para el gasto social prioritario y la inversión pública”. En ese sentido, se ratificó que continuarán reduciéndose los subsidios a la energía, con el objetivo de acercar las tarifas de electricidad y gas a los costos reales.

Las reformas en gestión financiera pública apuntarán a “consolidar el control presupuestario” y “mejorar la administración de caja”. Esto incluye el cierre de los fondos fiduciarios restantes para diciembre de 2025, la extensión del sistema de información financiera a más organismos públicos, y la evaluación de las reformas en curso sobre su impacto en el empleo público y el gasto social.

Asimismo, se impulsarán medidas para mejorar la eficiencia de las empresas estatales y avanzar con “un programa de privatización transparente”, con respaldo técnico y financiero del BID. El proyecto de presupuesto de 2026 también incorporará “una evaluación integral del riesgo fiscal” y un marco de mediano plazo, previsto para septiembre de este año.

Finalmente, el staff del FMI sostuvo que serán necesarias reformas adicionales, entre ellas la revisión del régimen de coparticipación para alinear mejor los incentivos fiscales entre la Nación y las provincias, y reducir las rigideces presupuestarias. A su vez, se propuso fortalecer la credibilidad del ancla fiscal estableciendo por ley “una regla de déficit fiscal general cero” para finales de 2026, con la posibilidad de sumar con el tiempo elementos anticíclicos y anclas adicionales vinculadas a la deuda.