El Gobierno implementó cambios en el procedimiento para inscribirse al RIGI

El Gobierno nacional anunció la modificación de varios artículos de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo previsto para atraer grandes flujos de capital al país y generar condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad para esos proyectos.

Los cambios fueron anunciados a través de la publicación de la Resolución 983/2025 en el Boletín Oficial. Por medio de esta normativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó el nuevo procedimiento que los interesados deberán seguir para formar parte del programa.

De acuerdo con el nuevo esquema que deberán seguir los aspirantes, seguirán vigentes los cinco tipos de trámites de adhesión al RIGI de: Vehículos de Proyecto Único (VPU) a cargo de un Proyecto Único; Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo; Ampliación de un Proyecto Preexistente no adherido al régimen; Proveedor local de bienes y/o servicios con mercadería importada; y la baja voluntaria del Proyecto RIGI del régimen.

Respecto a las modificaciones, las autoridades explicaron que las mismas serían necesarias para garantizar una “mayor celeridad al proceso de aprobación de las solicitudes de adecuaciones o modificaciones al listado de mercaderías y/o servicios susceptibles de ser importados”.

En ese sentido, establecieron que la utilización obligatoria de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) para todas las solicitudes y bajas, con formatos y documentación digital en PDF; fijaron un plazo administrativo de 45 días hábiles para la resolución de las solicitudes; establecieron la posibilidad de re-presentar hasta dos veces más dentro del mismo año; así como incorporaron la necesidad de presentar un nuevo informe mensual para los vehículos de proyecto adheridos sobre el cronograma actualizado de inversiones proyectadas y ejecutadas.

Hasta el momento, el RIGI recibió solicitudes para catorce proyectos con inversiones comprometidas que superarían USD 16.514 millones, según el informe de gestión del Ministerio de Economía, que fue presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Senado.

En el mismo, se detalló que cuatro iniciativas ya obtuvieron aprobación, mientras que el resto continuaría bajo evaluación. Estas cuatro propuestas aprobadas contemplan inversiones de USD 12.299 millones. Asimismo, el cronograma presentado por las autoridades de la cartera económica incluyó detalles sobre las primeras etapas de desembolsos y los plazos de construcción de los proyectos.

Por este motivo, la administración de Javier Milei enfrentaría el reto de incentivar la llegada de empresas dispuestas a invertir en el sector productivo. Una tarea que se llevaría a cabo en medio de un contexto marcado por una salida histórica de Inversión Extranjera Directa, según con los datos emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En línea con esto, el Gobierno buscaría revertir esa tendencia mediante una agenda que apuntaría a la desregulación y el orden macroeconómico, aunque reconoce que los resultados requerirán tiempo.

Frente a esto, el Ministerio de Economía segmentó los proyectos por sector y estado de tramitación: seis en energía eléctrica, cinco en minería de litio, uno en generación de GNL, uno en desarrollo petrolero y uno en siderurgia.

Por el momento, las propuestas aprobadas fueron Guacomalayo (minería de litio en Salta), Vaca Muerta Oil Sur (oleoducto entre Neuquén y Río Negro), PAE – Golar (Río Negro) y Parque Solar El Quemado (energía eléctrica en Mendoza).

El aporte más grande correspondería a PAE – Golar, con USD 6.878 millones, seguido por Vaca Muerta Oil Sur, con USD 2.846 millones, y Ricón, minería de litio, con USD 2.724 millones. Otros proyectos, tanto de energía eléctrica como de minería de litio, sumaron inversiones que oscilarían entre USD 207 millones y USD 2.700 millones, en función de su magnitud y localización.

De la misma manera, el informe especificó que quince provincias adhirieron al RIGI mediante leyes locales, entre ellas, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. Estas normativas provinciales habilitaron tratamientos preferenciales en el ámbito tributario, en materia cambiaria y de reinversión.

El régimen establece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, pero entre los principales beneficios figuran exenciones o tratamientos especiales para el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), ventajas sobre derechos de exportación e importación, tasas estadísticas, verificación de destino y un esquema que permite mayor acceso a divisas.