Impacto fiscal: advierten que los proyectos que aprobó el Congreso ponen en peligro el principal ancla del plan económico

El paquete de proyectos de ley que fueron aprobados por el Congreso -o tienen media sanción- y que implica un aumento en el gasto pondrían bajo seria presión al principal ancla del programa económico que es el superávit fiscal, adviertieron en los últimos días distinos informes de mercado.

En ese sentido, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió que la nueva ley previsional implica costos relevantes para el Estado. Según datos del Ministerio de Economía y de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indicó que “el aumento de 7,2% para todas las jubilaciones deja el haber real en igual nivel que en 2023 y eleva el gasto previsional en aproximadamente 0,43 por ciento del Producto Bruto Interno”. También señaló que “el aumento del bono a 110.000 pesos deja el haber real de quienes reciben ese refuerzo en el mismo nivel que en 2023 y cuesta 0,30 por ciento del Producto Bruto Interno”.

El informe sumó que la prórroga de la moratoria por dos años representa un aumento permanente del gasto previsional equivalente a 0,17 por ciento del Producto Bruto Interno. IDESA remarcó que “estos datos muestran que la ley apenas logra recuperar los bajos niveles de las jubilaciones de 2023 pero resulta desestabilizante para el equilibrio fiscal”. Para el instituto, el superávit financiero del año pasado, que el gobierno busca sostener este año, ronda 0,3 por ciento del Producto Bruto Interno. Advirtió que “la ley revertirá el ajustado superávit fiscal logrado que es el principal sostén de la baja de la inflación”.

Además, explicó que la norma contempla fuentes de ingresos adicionales “de difícil implementación y de muy bajo potencial de generación de recursos adicionales”. Sobre el debate político, IDESA señaló que “el planteo de la oposición se fundamenta en la endeblez de haber considerado solo una parte de la inflación en enero de 2024, de haber mantenido congelado el bono y de haber dejado vencer las moratorias sin dar alternativas”.

En contraste, indicó que “el fundamento del gobierno es que su aplicación conlleva al retorno del déficit fiscal”. También calificó como paradójico que “los cambios que plantea la ley sancionada por el Congreso están lejos de resolver el profundo deterioro de las jubilaciones, sin embargo, su impacto fiscal es decisivo para derrumbar el plan de estabilización”. Para IDESA, la clave radica en que el sistema previsional requiere un ordenamiento integral.

PxQ estimó que “entre todos los proyectos, el costo fiscal alcanzaría 0,8 por ciento del Producto Bruto Interno en 2025 y 1,6 por ciento en 2026”. Recordó que el presidente Javier Milei anticipó que vetará ambas iniciativas una vez que lleguen al Ejecutivo. Sin embargo, advirtió que “a diferencia de lo que ocurrió con proyectos anteriores —como el de financiamiento universitario o la nueva fórmula previsional—, esta vez la oposición parece tener los votos necesarios para insistir en su sanción y forzar su promulgación”. Además, destacó que “el presidente aseguró que, si la oposición tiene éxito en su insistencia sobre el veto, recurrirá a la instancia judicial para declarar inconstitucionales las leyes votadas”.

El economista Fernando Marull afirmó que el mecanismo de compensación del nuevo gasto “no alcanza a cubrir el 20%” y advirtió que “faltan aproximadamente 5.000 millones de dólares” para cerrar la brecha fiscal. Según explicó, el costo combinado de jubilaciones, moratoria y discapacidad representa cerca de 1% del Producto Bruto Interno por año. Señaló que, de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese monto equivale a unos 7.000 millones de dólares anuales.

El economista también destacó que “las cuatro fuentes principales de financiamiento no llegan a 0,1% del Producto Bruto Interno o 700 millones de dólares”. Detalló que, en ese cálculo, se incluyen ingresos por IVA con exenciones a directores, Ganancias con exenciones para Sociedades de Garantía Recíproca por cerca de 90 millones de dólares, un ahorro estimado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 380 millones de dólares anuales, y recursos vinculados a la SIDE por 66 millones de dólares en total.

El miércoles de esta semana se dará a conocer el resultado fiscal del primer semestre, que se espera que refleje un marcado superávit primario que le permita al Gobierno mostrar un superávit financiero al considerar también los intereses de deuda. El objetivo para todo el año es un excedente primario de 1,6% del PBI.

En ese plano, la consultora LCG describió a junio como “un mes desafiante para las cuentas públicas por el impacto que los aguinaldos de empleados, jubilados y pensionados tiene sobre el gasto”. Además, proyectó ingresos creciendo a un ritmo similar a la inflación, recuperándose tras la caída de mayo vinculada al impuesto a las Ganancias, mientras que los gastos primarios se moverían por encima, en torno a 50 por ciento anual.

El informe señaló que “los datos referidos a la Administración Pública Nacional reflejan un aumento del gasto primario del 65 por ciento en junio”, acompañado por un “sensible aumento de la deuda flotante”. LCG precisó que “esta última, que a mayo ascendía al 3 por ciento del total devengado, en junio trepó a 7 por ciento”. Advirtió que “esta estrategia contable, que no es exclusiva de la actual administración, habilita a mostrar un menor deterioro del resultado primario base caja en el mes en cuestión, pero su reversión impactará negativamente en los próximos”, con un efecto estimado de 0,5 por ciento del Producto Bruto Interno.