
El 30 de junio vence el decreto que redujo de manera transitoria los Derechos de Exportación (DEX) para ciertos productos agropecuarios, una medida que había sido dispuesta por el Gobierno nacional en el inicio del año como parte de un paquete de alivio fiscal para sectores exportadores. Con el regreso de las alícuotas previas, las principales entidades del campo –Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA), a través del Distrito 4– manifestaron su rechazo y alertaron sobre las consecuencias económicas que puede tener la restitución del esquema anterior.
La medida, según indicaron, se implementará en plena campaña agrícola y sin un marco de previsibilidad, afectando a productores que ya vienen operando en un escenario de costos altos y precios internacionales en baja. A través de comunicados difundidos en las últimas horas, las entidades pidieron al Ejecutivo que revise la decisión y plantearon la necesidad de avanzar hacia un cambio estructural en la política impositiva que afecta al sector.
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Desde Confederaciones Rurales Argentinas señalaron que el restablecimiento de las retenciones a los granos se da “en un contexto productivo extremadamente adverso”, y remarcaron que, lejos de ser una herramienta eficaz de recaudación, los derechos de exportación tienen efectos regresivos para el conjunto del sector.
“Las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor agroindustrial, entre las que destacamos: desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas; reducción de los niveles de producción y competitividad, que dejaría a algunos productores fuera de su actividad; pérdida de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior del país, y caída en la recaudación fiscal por la menor actividad económica del sector”, detalló la entidad.
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CRA también reconoció avances del Gobierno en materia de ordenamiento macroeconómico y reiteró su predisposición al diálogo: “Reafirmamos nuestra disposición al diálogo serio y constructivo entre el sector público y privado, para encontrar soluciones que garanticen previsibilidad, alienten la inversión y aseguren el crecimiento de un sector clave para el futuro del país”.
En la misma línea, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja en los derechos de exportación “genera suma preocupación y desigualdad en todo el campo”, al tiempo que cuestionó el momento en que se adopta la decisión. “La medida fue tomada en el medio de procesos productivos y muchos de ellos se encuentran inconclusos al 30 de junio próximo”, señalaron.
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La entidad que representa al cooperativismo agropecuario reclamó que se tomen medidas correctivas con urgencia: “Estamos solicitando al Gobierno Nacional que, con la premura que requieren los tiempos, se tomen las medidas apropiadas para corregir esta desigualdad que va a generar la caída de la rebaja en dichos DEX”.
Coninagro evitó entrar en debates técnicos o numéricos sobre la carga fiscal, pero destacó la necesidad de previsibilidad para los productores. “Quienes formamos parte del campo solo deseamos tener la libertad y rentabilidad necesaria para llevar adelante nuestros procesos productivos. Para eso solo necesitamos la certeza de poder tener reglas lo suficientemente claras y duraderas, para lograr la previsibilidad que requerimos como productores agropecuarios”, afirmaron.
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También reconocieron algunos logros del Gobierno en materia de inflación y macroeconomía, pero remarcaron que esos avances deben complementarse con una política agropecuaria a largo plazo: “Estamos seguros de que el campo necesita políticas a largo plazo para producir más y mejor”.
En términos más duros, el Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina calificó como “exiguo y mediocre” el alivio fiscal que había supuesto la reducción temporal de retenciones, y denunció que el Gobierno no cumplió con los compromisos asumidos en campaña. “Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio Gobierno Nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan”, afirmaron.
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Según el texto, los derechos de exportación “han desaprovechado inmejorables oportunidades que el mundo ofrecía a la Argentina, generando un inevitable retraso tecnológico y productivo en el agro nacional”, a pesar de los esfuerzos de los productores “por mantenerse a la vanguardia y sostener el motor del sector”.
La SRA subrayó que el daño no se limita al productor, sino que se extiende a los pueblos y provincias cuya economía depende en gran medida de la actividad agropecuaria. “La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta no solo ha golpeado a las empresas agropecuarias: el daño también alcanza a las regiones, pueblos y provincias donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida de quienes apostamos por el interior del país”.
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En un tono de advertencia, el comunicado concluye con una frase categórica: “Ha llegado la hora del campo. La hora del interior del interior”.
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