El Gobierno tiene listo el plan para privatizar Transener, la principal transportadora de electricidad

Es el primer paso para que el Estado pueda desprenderse de todos los activos de Enarsa, la empresa estatal sujeta a privatización en la Ley de Bases. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el decreto podría publicarse esta semana

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El primer paso de la
El primer paso de la privatización de Enarsa será la venta de las acciones de Citelec, empresa controladora de Transener, la mayor transportadora de electricidad del país

El Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar esta semana un decreto que autorice la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), comenzando con la separación de sus unidades de negocio y activos. El primer paso del proceso será la venta de las acciones que tiene la empresa estatal en Citelec, la compañía que controla Transener, la principal transportadora de electricidad de la Argentina, con operaciones que incluyen 12.400 kilómetros de líneas de transmisión.

El decreto contemplará la venta del paquete accionario a través de un concurso público, tanto nacional como internacional, según anticipó el portal especializado Econojournal y confirmó Infobae con fuentes oficiales. En los despachos oficiales esperan que la norma sea publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, y que el proceso de desprendimiento se complete antes de mitad de año.

El Estado argentino, a través de Enarsa, posee el 50% de las acciones de Citelec S.A., mientras que el otro 50% está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Ambas participaciones suman el 51% de Transener, y Citelec también posee el 1,65% de las acciones clase B de la transportista.

Si bien Pampa Energía tiene prioridad estatutaria para comprar los activos, la norma que prepara el Gobierno descarta esa posibilidad. De todos modos, el artículo 31 de la Ley 24.065 de Régimen de Energía Eléctrica especifica que ninguna empresa generadora, como Pampa, puede tener también el control total de una transportista.

El artículo 16 de la Ley 23.696, clave en el proceso de privatización de los noventa, establece que el Poder Ejecutivo puede otorgar preferencia en la adquisición a quienes tengan parte del capital social de la compañía y a los empleados. Sin embargo, el decreto especificará que no se otorgarán esas preferencias.

El Gobierno también está por finalizar el proceso de Revisión Quinquenal de Trifas (RQT), donde se definirán los aumentos habilitados por la Secretaría de Energía para los próximos cinco años, así como los planes de inversión de las empresas de servicios públicos, como Transener. Un panorama confiable de ingresos podría atraer a muchos interesados en adquirir las acciones que actualmente posee el Estado en la transportista.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había anticipado en diciembre, durante el evento por el Día del Petróleo, la intención de desprenderse de la participación de Transener antes de mitad de este año.

Luego de este primer paso, se avanzará en la venta de los demás activos de Enarsa, aunque esos procesos serán más complejos. Desde el Gobierno informan que la firma estatal controla unas 17 unidades de negocio, y la intención es que solo queden a cargo de los despachos de Gas Natural Licuado y la comercialización de gas natural.

La Ley Bases que impulsó
La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa (AP)

Enarsa es la principal accionista de las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín; el resto de los paquetes pertenece a las principales empresas del sector energético. También tiene el Gasoducto Perito Moreno y el Gasoducto Norte, entre otros activos; además de coordinar la construcción de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz (Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). El Gobierno se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a retomar las negociaciones con China para reactivar el financiamiento de las represas y su construcción luego de la extensión del tramo activado del swap de monedas con el gigante asiático.

La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa e Intercargo y, en forma parcial, con posibilidad de concesión, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales SA. Además, se autorizó a que se abran a recibir capitales privados otras dos firmas, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

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