El Gobierno formalizó la nueva estructura de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

El Gobierno formalizó este jueves a través del Boletín oficial la estructura de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el nuevo ente encargado de gestionar los puertos y vías navegables del país. La medida, oficializada mediante la Resolución 4/2025, establece el esquema organizativo de la agencia, que reemplaza a la disuelta Administración General de Puertos (AGP) y absorbe las funciones de la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

En ese sentido, la reorganización fue anunciada poco después de que el Ejecutivo cancelara la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, citando irregularidades en el proceso y falta de competencia en las ofertas recibidas. La ANPyN asume, por el momento, la administración de esta estratégica vía de navegación, clave para las exportaciones del país.

La creación de la ANPyN fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 3/2025, que la definió como un ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según la normativa, la agencia es la única autoridad portuaria nacional, encargada de la regulación y supervisión de los puertos y vías navegables del país. El artículo 3° del decreto establece que la ANPyN es la “continuadora jurídica” de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, lo que implica la absorción de sus competencias, responsabilidades y funciones. Además, el organismo asume temporalmente la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique una nueva licitación pública.

La Resolución 4/2025 detalla la estructura organizativa de segundo nivel de la ANPyN, definiendo una cadena de mando encabezada por un Director Ejecutivo, quien estará acompañado por un Subdirector Ejecutivo y una Unidad de Auditoría Interna. A nivel operativo, la agencia se organiza en dos grandes gerencias: la Gerencia de Coordinación Técnica, que abarca Ingeniería Portuaria y de Vías Navegables, Políticas Navieras y Operaciones y Servicios Portuarios, y la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, con áreas como Control de Gestión, Administración y Finanzas, Comercial, Asuntos Jurídicos, Capital Humano y Tecnologías, Sistemas e Innovación. Esta estructura busca garantizar un funcionamiento eficiente del ente, centralizando la planificación estratégica, la regulación operativa y la gestión administrativa de los puertos y vías navegables.

Según el dictamen de la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, la reorganización de la ANPyN no tendrá impacto presupuestario inmediato. La medida aclara que “hasta tanto no se realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes, la presente medida no genera erogación presupuestaria alguna”. Sin embargo, el documento también señala que se cuenta con el crédito necesario para hacer frente a los gastos cuando sea requerido.

Uno de los temas centrales dentro de la reestructuración portuaria es la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal ruta de exportación de Argentina. La ANPyN asumirá temporalmente su concesión tras la anulación del proceso licitatorio lanzado en 2024.

Dicho esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión que fue anunciada este miércoles afirmando que la única oferta recibida, presentada por la empresa belga DEME, estuvo rodeada de denuncias de falta de transparencia. “Desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación transparente y competitiva. La única oferta que se presentó fue la de DEME, empresa que había denunciado irregularidades y luego desistió”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, defendió la transparencia del proceso y denunció maniobras para frustrar la licitación. “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos”, declaró. Mientras el Gobierno define los próximos pasos, la ANPyN seguirá a cargo de la administración de la Hidrovía, con la posibilidad de convocar a una nueva licitación en los próximos meses.