El Gobierno volvió a prorrogar el plazo para que las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas

El Gobierno prorrogó por 60 días el plazo para que las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas, un paso previo a la privatización. La normativa se da en el marco del DNU 70, a través el cual se declaró emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.

En un principio se había establecido un plazo de 6 meses y luego se volvió a prorrogar por 6 meses más en julio. Ahora el Ejecutivo decidió volver a extenderlo a través del decreto 1120/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la norma se afirma: “La persistencia de las circunstancias de hecho y de derecho consideradas al momento del dictado de los referidos decretos torna insuficiente dicho plazo para dar un adecuado cumplimiento a lo previsto en el artículo 48 del Decreto N° 70/23″.

“Que la gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias”, agrega.

Con el mismo objetivo último de privatizar las empresas públicas para achicar el gasto, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de regular el mercado financiero local, dio a conocer en octubre la aprobación de un régimen informativo especial para hacer más fácil el proceso de privatización de las empresas públicas a través de la venta de las acciones que tiene el Estado en la Bolsa.

La Resolución General 1024/2024 de la CNV fijó un régimen de información contable especial, de carácter transitorio, que busca flexibilizar y simplificar los requisitos para las empresas que quieran cotizar en bolsa, es decir, el régimen de oferta pública de acciones. La alternativa de que las empresas que se vayan a privatizar hagan una oferta pública de acciones es “una de las alternativas más idóneas para llevar a cabo este proceso”.

De momento, a comienzos de noviembre la Inspección General de Justicia había informado que inscribió la primera transformación de una Sociedad del Estado en Sociedad Anónima. Se trató de una empresa porteña. En ese sentido, se comunicó que “la sociedad Corporación Buenos Aires Sur S.E quedó convertida en Corporación Buenos Aires Sur Sociedad Anónima Unipersonal, una sociedad perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue creada en el año 2000 como Sociedad del Estado para promover el desarrollo integral de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires”. La prórroga viene dada porque todavía hay empresas inscriptas como sociedad del estado, por ejemplo Trenes Argentinos.

El Gobierno de Javier Milei intentó dejar sujetas a privatización a más de una veintena de empresas públicas mediante la Ley Bases pero la mayoría de ellas fueron excluidas finalmente en las negociaciones con la oposición. Fueron seis las compañías estatales que el Congreso admitió. Otras dos quedaron abiertas al ingreso de capitales privados para compartir la participación.

Son Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“El estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo”, había asegurado a este medio un alto funcionario que monitorea el proceso, a cargo, en el trazo grueso, de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. El funcionario supervisa la situación de las 59 compañías -en total son unas 40 más 19 subsidiarias- estatales o con participación mixta sobre las que Milei ordenó desprenderse.