
Las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la Argentina pueden llegar a pagar hasta 69 impuestos en un año, teniendo en cuenta tributos, regímenes de percepciones, retenciones e información, según un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
El trabajo toma en cuenta la simulación de una pyme modelo constituida como una S.R.L, con un establecimiento propio, una flota de tres vehículos y empleados en relación de dependencia. La empresa posee productos electrónicos (notebooks y celulares) para realizar sus actividades y renueva uno de ellos al menos una vez al año.
El ejemplo contempla que la firma, para su proceso productivo, utiliza insumos importados y exporta parte de su producción. Agrega o renueva por un modelo 0km todos los años al menos un vehículo de la flota. Realiza al menos un trámite administrativo por año a nivel provincial y municipal. Utiliza los servicios de telefonía, internet, electricidad, agua y gas natural.
Impuestos por nivel de gobierno
El Iaraf comentó que en un año las compañías pagan regularmente impuestos, tasas y contribuciones a los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) por su operatoria, según el tamaño, rubro, cantidad de empleados, superficie, entre otros factores. El estudio destacó que sobre la pyme que se tomó como caso testigo recaen un total de 39 tributos: 20 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales.
A su vez, por el lado de los regímenes de retención, percepción e información, una pyme soporta 30 regímenes distintos. Estos mecanismos de pagos anticipados de tributos se han vuelto complejos y contribuyen a un aumento de los costos de administración de los impuestos por parte de las empresas.
“La suma de tributos y de regímenes es de al menos 69. De este estudio surge que el entramado tributario de una de este tipo de empresas tiene un alto grado de complejidad y una elevada cantidad de imposiciones tributarias”, consideró el Iaraf.
Impuestos por actividad
Entre los ejemplos que dio el instituto, por la compra de insumos para mantener su actividad, una pyme argentina paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos (IIBB), la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) y el impuesto sobre Créditos y Débitos bancarios. Si debe importar, a eso se suman los Derechos de Importación, la Tasa Estadística y el Impuesto PAIS.
Si el producto final se comercializa en la Argentina, se encuentra gravado por el IVA, IIBB, TISH y el impuesto sobre Créditos y Débitos bancarios (conocido como Impuesto al Cheque).
Para el servicio de electricidad, se pagan el IVA, IIBB, TISH, Créditos y Débitos, el fondo para el desarrollo de energía provincial y la tasa de alumbrado público. En el caso del gas se incluyen los mismos tributos, junto con el Fondo Fiduciario para Consumo de Gas Residencial en Zonas Frías, el fondo provincial sobre los servicios públicos y la tasa de ocupación de espacios públicos.
Estas empresas deben pagar el Impuesto al Cheque por sus operaciones bancarias. Además, deben abonar contribuciones patronales por sus empleados y, en el caso de los propietarios, realizar aportes al Régimen de Trabajadores Autónomos. Finalmente, deben liquidar el Impuesto a las Ganancias correspondiente a sociedades si corresponde.
Infierno impositivo
Recientemente, el instituto identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo del país. Hace exactamente un año, el mismo estudio contabilizaba 148 tributos distintos, lo que significa que se sumaron siete. Esto es producto de la diferencia entre los impuestos que fueron eliminados y los que fueron creados en el último año, por cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Claro está, que no todos los impuestos recaen sobre todos los contribuyentes. De hecho, más del 90% de la recaudación se concentra en sólo diez tributos. Esto no quita, de todas formas, que la carga impositiva sea particularmente alta en Argentina. Y es justamente lo que pretende cambiar el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con la ambiciosa reforma tributaria que están diseñando para enviar al Congreso el año próximo.
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