Una auditoría hecha por una oficina independiente dentro de la estructura del Fondo Monetario Internacional concluyó que el mega préstamo que hizo la institución al gobierno de Cambiemos en 2018 no estuvo influido por “presiones externas” para que no se respeten los límites y criterios de acceso excepcional a financiamiento, pero aseguró que hubo problemas de “diseño e implementación” de ese crédito, el más grande de la historia del organismo, por USD 45.000 millones.
Se trata de un trabajo realizado por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), un área que trabaja con autonomía del directorio y del staff técnico y que elabora exámenes sobre el funcionamiento de la institución con recomendaciones para mejorar los mecanismos de asistencia a los países, y además evalúa si los programas fueron correctamente implementados y por qué fallaron. Uno de los informes más relevantes de su corta historia es uno que exploró el rol del FMI durante la década del 90 y la crisis de 2001 en la Argentina.
En este caso, uno de los informes sobre los que trabajó en los últimos casi cuatro años –Infobae había anticipado a comienzos de 2021 que por primera vez el préstamo a Mauricio Macri estaba en la mira de la OEI– fue una evaluación sobre el uso de los criterios establecidos para el acceso a fondos excepcional, que se da en casos en que un país pide fondos por más del 200% de su cuota correspondiente (Argentina pidió más de 1.200% de su cuota).
Hubo tres casos testigo que fueron estudiados: Argentina en 2018, y Ecuador y Egipto en 2020. Tres evaluadores de esa oficina hicieron entrevistas con funcionarios y ex funcionarios del gobierno argentino y analistas independientes. Una de las conclusiones generales fue que las proyecciones económicas de los programas con acceso excepcional “tienen un sesgo optimista” y que esos programas “no han logrado resolver plenamente los problemas de balanza de pagos de los miembros, abordar las vulnerabilidades de la deuda y catalizar las entradas de capital privado”.
En un apartado breve sobre el caso argentino de manera específica, el trabajo de la oficina independiente marcó que el acuerdo Stand By firmado en junio de 2018 “se llevó a cabo en un contexto complejo y hubo opiniones divididas sobre el diagnóstico de los problemas, las políticas para abordarlos y el cumplimiento de los cuatro criterios de acceso a los mercados”.
Esos cuatro criterios son: que el país solicitante experimente o pueda experimentar una crisis de balanza de pagos; que la deuda pública del país sea considerada “sostenible” en el mediano plazo; que la economía en cuestión tenga perspectivas de retorno a los mercados de capitales para hacer frente al repago del préstamo y, en cuarto lugar, que el programa tenga posibilidades ciertas de éxito, por la implementación ejecutiva, pero también por la existencia de un contexto político que lo sustente.
Por un lado, la auditoría asegura que el programa acordado con Macri “fue una herramienta útil para el pensamiento sistemático y crítico, que contribuyó a la elaboración de documentos de programa exhaustivos que exponían claramente los riesgos conocidos” pero que “también revela problemas de diseño e implementación”.
En ese sentido, plantearon que “una evaluación positiva del cumplimiento de los criterios puede generar una falsa sensación de seguridad” y que el mecanismo, en general, deja mucho margen para la discrecionalidad. En el pasaje más relevante de las conclusiones, la oficina aseguró no haber encontrado “evidencia que sustente la afirmación de que el staff y la administración se ‘adaptaron’ a las presiones externas y recomendaron un acuerdo que no cumplía los criterios o carecía de una probabilidad razonable de éxito”, apuntó.
Sobre la eficacia de los criterios de acceso excepcional, la OEI advirtió al directorio del FMI que en cuanto a los criterios en sí, el método para medir si la deuda de un país es sostenible “puede ser confuso, excesivamente sensible a los supuestos y demasiado dependiente” de la discrecionalidad de los técnicos, “lo que puede terminar dañando la credibilidad y la reputación del Fondo”.
También aseveraron que el Fondo “carece de un marco analítico sólido para evaluar las perspectivas de acceso al mercado” y que “la utilidad y aplicabilidad del EAC4 (el criterio de medir las posibilidades de éxito) es cuestionable, especialmente cuando la polarización política es alta o cuando las elecciones caen durante la vigencia del acuerdo”.
La tarea de auditoría de los programas firmados por la Argentina no terminará con ese examen independiente, sino que el propio staff tiene responsabilidad para llevar adelante una autoevaluación sobre la marcha del programa Extended Fund Facility (EFF), que fue firmado en marzo de 2022 y que llega su fin en las próximas semanas.
Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento de la dinámica interna del Fondo, el equipo técnico terminaría en las próximas semanas ese trabajo –que se llama Evaluación Ex Post y que corresponde realizar sobre cualquier programa con fondeo por montos superiores a la cuota de cada país– y podría ser presentado ante el directorio para su discusión. Consultados para esta nota, desde el FMI no realizaron comentarios al respecto.
La concreción de una autoevaluación de este tipo es una precondición para la firma de un acuerdo nuevo. El Ex Post del préstamo a Macri fue aprobado por el board del organismo en diciembre de 2020. Las demoras en la negociación durante el mandato del Frente de Todos hicieron que el nuevo programa se firmara más de dos años después. Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno de Javier Milei había decidido avanzar hacia una negociación formal para un acuerdo que incluya financiamiento adicional.