El Gobierno estableció un nuevo esquema para la distribución de subsidios al transporte público de pasajeros

• La distribución de subsidios se basará en datos del sistema SUBE y en la demanda de pasajeros.
• Operadores deben demostrar la relación entre kilómetros recorridos y cantidad de usuarios.
• La medida, oficializada en la resolución 45/2024, entra en vigencia en octubre de 2024.

Lo esencial: el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte establecieron un nuevo esquema para asignar subsidios al transporte público, enfocado en la demanda y la eficiencia. Este modelo, que afecta a áreas como la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), asignará fondos según el volumen de pasajeros y los datos proporcionados por el sistema SUBE. Los operadores deberán ajustar los kilómetros recorridos a la demanda real y evitar prácticas ineficientes, bajo un esquema de monitoreo y ajustes mensuales. Además, la compensación considerará tarifas reducidas por atributos sociales y boletos integrados.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, estableció un nuevo esquema para la distribución de subsidios del transporte público de pasajeros. La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 45/2024.

Este nuevo esquema entrará en vigencia en octubre de 2024 y es aplicable a servicios de jurisdicción nacional en áreas urbanas y suburbanas de la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras unidades administrativas establecidas.

La medida prioriza la demanda como criterio clave para asignar fondos, en respuesta a las recomendaciones que la realizó la Auditoría General de la Nación en 2017, cuando instó a aumentar el uso de datos de demanda en el cálculo de subsidios. A partir de esta actualización, se integrará una mayor ponderación de los datos del sistema SUBE y parámetros basados en kilómetros recorridos ajustados, evaluados en función de la eficiencia en el transporte de pasajeros.

De esta manera, de acuerdo con lo establecido en uno de los anexos de la resolución, los operadores deberán demostrar una correlación directa entre el aumento de kilómetros y el crecimiento de la demanda, evitando prácticas consideradas “ineficientes”. Por esto, mismo, este esquema incluye controles mensuales y ajustes a los kilómetros para determinar con exactitud la compensación.

Con respecto al AMBA, la metodología se aplica a distintos grupos tarifarios, diferenciados según el tipo de jurisdicción y el recorrido de las líneas, como Distrito Federal (DF), Suburbano Grupo I y II, y Municipales.

A su vez, la distribución tendrá también en consideración otras cuestiones, como las cargas sociales que reciben los pasajeros. En ese sentido, fijaron los parámetros para pagar los montos relacionados con los siguientes conceptos:

• Atributos Sociales: Se compensarán tarifas con descuento para viajes con atributos sociales (como boletos estudiantiles y sociales) según resoluciones vigentes.
• Boleto Integrado: Se otorgará una compensación a las operadoras por los descuentos en viajes integrados, conforme a la cantidad de usos reportados.
• Distribución por Ingresos Ajustados y Cobertura de Costos Mínimos: Para asegurar que todas las líneas cubran al menos sus costos mínimos operativos, las líneas con ingresos insuficientes recibirán una compensación adicional. La cobertura se calculará en función del costo de personal y combustible, ajustados según los kilómetros reportados en el sistema SUBE. Los ingresos que excedan los costos operativos se regularán mediante un límite máximo, controlado estadísticamente, para evitar ingresos superiores a lo necesario.

Esta decisión se da en el marco de la transferencia de las competencias de regulación, control y fiscalización de los servicios de transporte público a la Ciudad de Buenos Aires y a dos meses de que el Gobierno se enfrentara con la Provincia de Buenos Aires por la eliminación de los subsidios al transporte público.

En ese momento, el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri firmaron en Casa Rosada el traspaso de competencias de las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El traslado de la responsabilidad sobre estas líneas también conlleva un impacto económico significativo, puesto que para la Nación signifca un ahorro mensual de $15.000 millones gracias a la quita de subvenciones en el territorio porteño y en Buenos Aires. Las nuevas compensaciones fueron validadas en conjunto entre la Nación y CABA.

La administración de CABA asumirá la gestión completa de las 31 líneas de colectivos, incluyendo el control, la administración, las frecuencias, recorridos, subsidios y tarifas dentro de su territorio, según lo establecido en el convenio. Este acuerdo le dio a la Ciudad un período de 30 días en el que no se aplicaron aumentos en el boleto y se mantuvo el descuento de la Red SUBE para pasajeros que realicen múltiples viajes en esta jurisdicción.

Ambas partes reconocieron que la asunción de estas competencias supone un esfuerzo extraordinario para el Gobierno porteño, que ahora deberá cubrir cerca de dos tercios del costo real de cada pasaje. Según el comunicado conjunto de ambas jurisdicciones, “no es sostenible un subsidio del 66% de la tarifa de manera permanente para la Ciudad”. Este nuevo escenario requerirá también postergar inversiones y otros gastos, un ajuste que refleja la magnitud de los recursos que deberán destinarse al sistema de transporte urbano en la Ciudad.