“Deep motosierra”: cómo es el plan del Gobierno para profundizar el ajuste del gasto público y la desregulación

Desde Mar del Plata - “La motosierra hasta ahora cortó en línea horizontal, ahora va a ir a las vísceras”. Con esa imagen en el Gobierno definen la segunda fase del ajuste del gasto público que se buscará activar en los próximos meses, luego de un recorte del gasto que ante los empresarios de IDEA el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger aseguró que es el único en el mundo que tuvo esa magnitud en un país fuera de un contexto de guerra.

Esa segunda etapa del ajuste avanzará sobre cuestiones regulatorias, de empleo público, privatizaciones, implementación de reformas que ya haya aprobado el Congreso porque, aseguran en el Gobierno, favorecerá el clima inversor y la recuperación económica. El ministro desregulador les dijo a los ejecutivos en Mar del Plata que evaluará qué tareas seguirá realizando el Estado y en cuáles actuará solo el sector privado.

En el Poder Ejecutivo aseguran, no sin sorpresa, que una de las reformas incluidas en la ley de Bases, que fue permitir la opción de implementar un fondo de cese laboral que reemplace al sistema tradicional de indemnizaciones (como funciona actualmente en el sector de la construcción) despertó hasta el momento más interés en sindicatos, entre los que nombran a los gastronómicos de Luis Barrionuevo, que en cámaras empresarias. “No hay industria del juicio en el sector de la construcción”, afirmaron.

En general, en la Casa Rosada creen que los convenios colectivos tienen que tener algún tipo de flexibilidad adicional, por ejemplo según ubicación geográfica, para lo cual ejemplifican con los casos de Italia y Alemania. “En Italia las negociaciones son por región; en Milán hay un salario bueno, pero en Calabria hay mucho más desempleo. En Alemania la negociación es por distrito y no hay diferencias entre ellas. En Argentina el noroeste trabaja con un convenio que tiene una vara que lo deja afuera”, comentaron.

La motosierra profunda incluirá una revisión de los 180.000 contratos de la administración pública nacional que comenzará con la puesta en marcha de un examen de idoneidad. Ese examen constará solamente en pruebas de lectura y comprensión y de lógica. Si un empleado público no pasara el examen no se les renovará el contrato. Hay 40 mil que vencen en diciembre y marcará el inicio de ese sistema de evaluación.

“No queremos hacer un filtro, sino que quede instituido ese examen”, mencionan en el Gobierno. Habrá, incluso, hasta un manual para estudiar antes de la prueba obligatoria. “La corrección la va a hacer una computadora, no va a haber ninguna decisión discrecional”, agregan.

Las privatizaciones asoman como otro objetivo de la motosierra oficial, pero en una segunda etapa. La decisión de la Casa Rosada es esperar primero que el Congreso dé luz verde a la venta de Aerolíneas Argentinas. Si eso no sucediera, activarán como alternativa ceder la compañía a sus empleados. Una duda que plantean en el Gobierno tiene que ver con si una compañía que pase a ser una cooperativa podrá sostener el sistema de leasing por el cual la aerolínea de tiene su flota de aeronaves.

Los funcionarios del equipo económico adoptaron a la política aerocomercial como un caballito de batalla con la idea de abrir el mercado a jugadores nuevos. Un hombre del equipo económico anticipa que se inaugurarán nuevas rutas aeronáuticas que unirán Aeroparque, Olavarría y Tandil, por un lado, y otra que llegará a Venado Tuerto. “Por supuesto que nunca llegaría un Boeing 747, pero un avión de 10 o 19 plazas, ¿por qué no?”, se preguntan.

Un elemento que parece tener menos consenso para un avance concreto es el gasto tributario, es decir el sistema de alícuotas diferenciales, regímenes especiales y de fomento sectorial que en algunos despachos reconocen que también configura una intromisión del Estado en la economía que debe terminar. Pero en ese menú de gastos tributarios, expuestos en cada proyecto de Presupuesto, hay sectores y esquemas sensibles: Ganancias para los jueces, regímenes como el de Tierra del Fuego y otros.

El oficialismo aseguró estar abierto a discutirlos en el Congreso, pero no partirá con una propuesta propia.