El pasado 11 de julio, a través del dictado del Decreto 606/2024, el presidente de la Nación dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la designación de Julia Cordero como interventora. En este marco, Nación trabajó en la elaboración de un diagnóstico de situación del organismo con el objetivo de identificar los problemas operativos y administrativos que limitan el accionar de la ANAC y proceder a su reestructuración y adecuación a los lineamientos establecidos en el decreto de intervención.
Dos meses más tarde, el Gobierno dio a conocer el primer diagnóstico de situación, con numerosas observaciones sobre el funcionamiento de la entidad. “En esta etapa transitoria pero necesaria, se ha revelado una estructura inadecuada y sobredimensionada del organismo, discrecionalidad en la aplicación de fondos e ineficiencias en la utilización de recursos. Además, se detectó una falta de control en procesos, burocratización en los procedimientos y una falta de gestión en materia de fiscalización y prestación de servicios, entre otras observaciones que resulta necesario encauzar”, señalaron a través de un comunicado.
Cabe destacar que, al momento de la intervención, la ANAC contaba con una deuda de $3.131.700.676 heredada de la gestión del Gobierno anterior. La deuda se encuentra bajo un pormenorizado análisis por parte de la intervención.
“Las deficiencias en la administración de recursos se expresan principalmente en el manejo de su patrimonio, siendo su flota un punto crítico: el organismo cuenta con 14 aeronaves, valuadas en su totalidad en aproximadamente un millón de dólares, que no se utilizan o están cedidas. La mayoría no vuela hace más de 5 años, llevando a su deterioro, mientras que las restantes necesitan reparaciones, que nunca se llevaron adelante. Por este motivo, se está iniciando un plan de subasta de las aeronaves en desuso: 3 ya fueron tasadas por una suma aproximada de 150 mil dólares y están listas para ser subastadas”, precisaron desde el Gobierno nacional.
A su vez, se advirtió una emisión indiscriminada de las tarjetas de combustible para la flota nacional, que asciende a más de 600 y no estaban respaldadas en ningún control sobre el kilometraje realizado. “En ese aspecto ya se empezaron a cancelar las que no tienen ninguna asignación operativa específica por un total de $23.440.000 que tenían disponible por mes”, apuntaron.
Sumado a esto, se detectó la ocupación irregular de más de la mitad de los inmuebles que tiene la ANAC en todo el país. De las 63 propiedades de la entidad, al menos 33 están ocupadas por personas que no son Jefes de Aeropuertos o por organismos con contratos que están vencidos hace mucho tiempo o son irregulares. Ante esta situación, se comenzó con las intimaciones. Asimismo, se está diagramando un plan de relevamiento de las viviendas ocupadas irregularmente, a fin de determinar el estado de cada una de ellas. Se comenzará por las más cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a todo el país.
“Por otro lado, se observó que, desde su creación en el 2007, la ANAC ha llevado adelante un crecimiento estructural injustificado que se tradujo en una burocratización e ineficiencia de los procesos. Con 103 cargos directivos distribuidos en 5 direcciones nacionales, 29 direcciones simples y 69 departamentos, se comprueba que el organismo tiene una estructura macrocefálica sin sustento normativo que es necesario ordenar y modernizar para optimizar su funcionamiento como máxima autoridad aeronáutica. Se está trabajando en una modificación de la estructura orgánica, que permitirá una reducción del 40% de los cargos ejecutivos, la centralización de funciones que estaban desagregadas como la administración y gestión de las inspecciones”, aclararon desde Nación.
“Además, cabe resaltar la demora que se observa en las tramitaciones de matrículas y en las habilitaciones de Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil y los trámites ante el Registro Nacional de Aeronaves”, agregaron.
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