El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio comenzará una quita gradual de subsidios en luz y gas para los segmentos de ingresos bajos y medios, los cuales representan 7 de cada 10 usuarios residenciales de la Argentina. Los aumentos en las tarifas que llegarán desde el mes próximo tendrán impacto sobre la población más vulnerable, que pagaba en promedio solo un 5% del costo “real” de la energía.
En concreto, se pondrá en marcha un esquema de subvenciones más focalizado, o restrictivo, que el actual como una transición hasta la aplicación de la Canasta Básica Energética (CBE), tal como había adelantado Infobae. Es decir, la quita total que pretendía el Gobierno difícilmente se realice este año.
La medida se oficializó este martes a través del Decreto 465/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Caputo. Allí se prevé un período de transición que durará de junio a noviembre, con posibilidad de extenderlo seis meses más, hasta la aplicación de la CBE.
La segmentación de subsidios para usuarios residenciales que había aplicado el Gobierno de Alberto Fernández, vigente hasta el momento, contemplaba tres universos de usuarios: los de altos ingresos (N1), los de bajos ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3). Actualmente los N1 no tienen subsidios en sus boletas de energía, mientras que, por caso, los N2 y N3 pagan en promedio solo el 5% del costo de la energía. El resto se cubre con aportes que realiza el Tesoro Nacional a través de Cammesa a las empresas generadoras.
Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre no se reflejaron en una quita de subvenciones. Incluso hubo un crecimiento de la asistencia que reciben las boletas por encima de los niveles que dejaron Fernández y Sergio Massa, ya que se concentra en los costos de generación y las subas de estos meses se dieron en transporte y distribución que son, además de los impuestos, otros ítems que componen las facturas que llegan a los hogares.
Ahora la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo aumentará lo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales. La magnitud en la que se realizará y el impacto final para los usuarios no fue precisado por el Gobierno.
Lo que sí anticipa el Decreto 465/2024 es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.
Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3.
Otro punto importante es que los aumentos no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec, del año anterior. El CVS creció 152,7% el año pasado, muy por debajo del 211,4% que arrojó la inflación del período. Esto llamó la atención de analistas, quienes señalan que de todos modos las subas que hubo hasta ahora superaron ese umbral.
La segmentación que puso en marcha Fernández en 2022 contemplaba que la suba de las tarifas para los N2 no podía superar el 40% del CVS del año anterior y para los N3 el límite era 80% de lo que arrojara la variación del indicador.
Sobre eso, se buscará evitar la superposición de otros subsidios como son la tarifa social, los beneficios por zonas frías, garrafas, entre otros. También habrá nuevos criterios de exclusión que serán más restrictivos que el actual, como la posesión de automóviles, prepagas o compra de dólares.
La aspiración de Chirillo era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de la CBE. Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y ahora se postergó a noviembre. Mientras tanto, se avanzará en este “esquema de transición”.
La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subsidios a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que Caputo buscara una calibración distinta en el ajuste.
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