Una ayuda extra para el ajuste fiscal: el bono para girar dividendos recaudó $260.000 millones por el impuesto PAIS

Con la licuadora del gasto público a menor velocidad -desde el mes pasado, jubilaciones y otras erogaciones se ajustan por inflación-, mayor gasto en subsidios a la energía ya que se postergaron este mes los aumentos previstos y sin ninguna de las medida de fortalecimiento de ingresos previstas en el paquete fiscal vigente, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo recibió una ayuda inestimable por parte del Banco Central. Sin emitir ni un centavo, la autoridad monetaria le arrimó indirectamente una considerable cifra de recursos.

Fue gracias a la colocación, la semana pasada, del bono para los importadores, el Bopreal, habilitado recientemente también para que las empresas puedan, después de 5 años de impedimento, girar utilidades y dividendos a sus accionistas del exterior. Con ese fin, la emisión de la semana pasada ascendió a USD 1.700 millones, de los cuales más de USD 1.600 se colocaron, precisamente, para transferir ganancias empresarias fuera del país.

La licitación, que se repetirá esta semana aunque por un monto mucho menor, de apenas USD 95 millones para completar el cupo previsto para la Serie 3 del bono que asciende a los USD 2.000 millones, acercó al Tesoro más de $260.000 millones, una cifra que casi le empata al superávit de marzo, que marcó ese mes unos $280.000 millones. Esa cifra surge por la aplicación del impuesto PAIS para la suscripción de los bonos en dólares que emite el Banco Central. La imposición del impuesto sobre el tipo de cambio oficial aplicada también para el caso de los dividendos había sido anunciada el lunes pasado, 48 horas antes de la licitación.

La medida generó algunas críticas, no sólo de economistas sino también desde el ámbito político. Por caso, el primero en expresar sus objeciones fue el diputado del Pro, Luciano Laspina, autor por ejemplo del capítulo referido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases que se debate por estas horas en el Senado. “El Gobierno aplicará el impuesto PAIS al giro de dividendos al exterior. O sea, una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias, más el 7% de impuesto a la distribución de dividendos más (nuevo!) 17,5% de impuesto PAIS. Alícuota final 60%. ¡Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI” afirmó en su red social X, donde advirtió que el RIGI “congela” la estructura tributaria actual por lo cual aun en el caso de se elimine finalmente el impuesto PAÍS en el futuro, “alguien podría reponerlo sin violar el RIGI, que había derogado el 7% de impuestos a los dividendos”.

Esos son, sin embargo, efectos colaterales de mediano plazo. En lo inmediato, el esquema permitió al BCRA no sólo ir descomprimiendo la demanda de dólares por parte de las ganancias atrapadas (en pesos) de las empresas desde 2019 sino que, a la vez, recaudó fondos adicionales que contribuirán al saneamiento de las cuentas públicas.

El dato fue destacado por el analista Salvador Vitelli, quien calculó que por la vía del bono para los importadores, ahora con aplicaciones ampliadas, ya se recaudaron $730.000 millones.

Pero lo que es una buena noticia para Caputo fue leído, por el mercado, como una señal de que el cepo tardará más que lo previsto en ser eliminado. El propio Fondo Monetario, en su comunicado de ayer en el que informó la aprobación de las metas del primer trimestre, sugirió precisamente las altas dosis de gradualidad que se aplicaría al proceso.

Esa expectativa, interpretaron gran parte de los analistas y operadores, fue lo que hizo que las empresas estuvieran dispuestas a convalidar un alto tipo de cambio, en torno a los $1.335 con tal de quedar habilitadas a girar al exterior dividendos. Ese precio resultó más de 25% superior a la cotización del CCL de la jornada. Aun así, se verificó una fuerte demanda que prácticamente agotó la emisión.

De acuerdo a los expertos, ambas variables indican que existe una fuerte ansiedad por girar dividendos después de más de cuatro años a tal punto que las compañías están dispuestas a convalidar un alto precio. Detrás de la aceptación de ese precio se escondería la presunción de que el cepo está lejos de ser eliminado en el corto plazo por lo cual la posibilidad disponible, aún a mayor costo, es la mejor opción.