
La “nueva economía” que impulsa el presidente Javier Milei, en severo contraste con la que se observó en la gestión del Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, provocó un singular cambio relativo en las transferencias de fondos de la Nación a la provincias y CABA, más allá de la suspensión de los giros discrecionales para financiar obras de infraestructura -aunque por el deterioro que mantienen las condiciones de vida de la mayoría de la población, pareciera que no se ejecutaban en gran parte-, y el crecimiento de la burocracia administrativa con el aumento del empleo público.
La razón de semejante giro se explica por la necesidad de sincerar variables claves de la economía, como tipo de cambio, tarifas, precios regulados, y en particular achicar el tamaño del Estado a la real posibilidad de sostén por el conjunto del sector privado, que llevó en una primera etapa a una drástica contracción de la actividad productiva y comercial, en algunos casos porque estaba recalentada con un ilusorio Plan Platita, y en parte por desconfianza de algunas empresas y de destacados economistas y analistas que presagiaban escenario de catástrofe.
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De ahí que no debiera sorprender el derrumbe de la recaudación tributaria en el primer cuatrimestre 2024 en comparación con igual tramo del año previo, como tampoco el cambio que generó en la distribución de los recursos que concentra la AFIP entre la Administración Central, las provincias, Anses y los no presupuestarios.
La razón básica es que las primeras medidas de reordenamiento fiscal tuvieron más impacto negativo sobre los impuestos coparticipables con las gobernaciones, como IVA, Ganancias, al Cheque, Internos; Transferencia de Combustibles, que los que se destinan mayormente a la Administración Central, como los vinculados con las exportaciones e importaciones, por el efecto de la devaluación y la suba del Impuesto PAÍS.
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Ese cuadro se estima podrá revertirse con las desregulaciones y reformas de carácter estructural que incluye la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que fue presentada por primera vez el 27 de diciembre de 2023 con 644 artículos, luego de retirada en su primer paso por Diputados, volvió en abril reducida a 232 artículos para poder obtener el consenso necesario y darle media sanción, porque pone el foco en los incentivos para impulsar la producción, la inversión privada y el empleo, y de ese modo fortalecer los tributos que se comparten entre la Nación y las provincias.
Los datos de la recaudación tributaria del primer cuatrimestre que informó la AFIP pusieron en evidencia la dependencia de la reactivación de los recursos coparticipables para revertir el muy pobre desempeño en comparación con años anteriores.
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Por un lado, se observa que los recursos percibidos por la DGI, que son los que se comparten en su mayor parte con las gobernaciones, pasaron de representar 55,1% en los primeros cuatro meses de 2019 y subir a 56,8% en igual tramo de 2023, a derrumbarse a 53,2% del total en igual tramo del corriente año.
Por el contrario, los ingresos generados por el comercio exterior que prácticamente plenamente se canalizan a la Administración Central elevaron su incidencia en el total de los recursos tributarios de 18% a 24,8%, y en alguna medida se constituyeron en un pilar de la mejora de las finanzas públicas de la Nación que cerró el cuatrimestre con superávit fiscal, en contraste con el abultado desequilibrio del año anterior.
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De ahí la confianza que manifiesta el Presidente en que no necesita de la Ley Bases para avanzar con su plan contra la inflación.
No pueden decir lo mismo las provincias, porque ese cambio en la estructura de los recursos tributarios se trasladó en la composición de la distribución de esos fondos entre la Administración Central, las provincias y la Anses.
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Así, según el desglose de la Clasificación Presupuestaria que presenta la planilla mensual de la AFIP, mientras en el primer tercio de 2019 y también de 2023 la Administración Central recibió poco más del 38% del total, en los cuatro primeros meses de 2024 ascendió a 42,1%. También aumentaron las asignaciones específicas no presupuestarias de un 4% a poco más de 6 por ciento.
En cambio, el conjunto de las transferencias automáticas a las 24 gobernaciones pasó de absorber 33,4% del total un año antes a 30,8% ahora.
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Se trata de una pérdida de 2,6 puntos porcentuales, equivalente a poco más de $800.000 millones, que se suman a $700.000 millones de caída en valores reales por efecto de haber quedado los recursos tributarios coparticipables rezagados en comparación con la aceleración del ritmo de la inflación en el período analizado.
Cabe recordar que cuando el 29 de septiembre de 2023, en una extensa sesión, el oficialismo logró convertir en ley la derogación de la Cuarta Categoría del Impuesto a las Ganancias en el Senado, la votación en la Cámara alta fue de 38 a favor y 27 en contra.
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La medida, entonces impulsada por el candidato a presidente, Sergio Massa había obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos positivos, 103 negativos y ninguna abstención -en contraste con lo sucedido en abril último cuando se trató la mega ley que dispone la restitución, en que el resultado de la votación fue de 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones- se sustentaba en la expectativa de que con más ingreso disponible por parte de más de un millón de trabajadores, no sólo se afirmaban las probabilidades de que el ministro de Economía resultara elegido para conducir el país, sino que la actividad agregada iba a ingresar en un sendero de expansión, que posibilitaría neutralizar la pérdida de coparticipación de ese impuesto.
Apenas un mes después de la derogación de Ganancias para la Cuarta Categoría y antes de que los beneficiarios de la eliminación de Ganancias recuperaran los ingresos retenidos por los empleadores en los meses previos, el resultado electoral no resultó tan favorable, y en noviembre el oficialismo no sólo perdió votos, sino que el conjunto de las provincias comenzaron a acusar el efecto de caída de todos los giros que les hace la Nación, al ingresar la economía en un sendero notablemente recesivo, tras las primeras medidas del nuevo gobierno.
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Ahora el escenario que se plantea desde el oficialismo es que con la aprobación de la Ley Bases para la Libertad de los Argentinos no sólo las provincias podrán comenzar a recuperar ingresos coparticipables, sino también la nación y la sociedad en su conjunto.
El fundamento es que el paquete fiscal incluye además de la restitución del Impuesto a las Ganancias a la Cuarta Categoría a unos 800.000 asalariados, la posibilidad de pago anticipado del Impuesto a los Bienes Personales, que son coparticipables en forma automática, junto con una nueva exteriorización de activos, y se complementa con otras iniciativas destinadas a reimpulsar la inversión productiva en general y el empleo en las pymes, en particular, así como la restitución a la masa compartida con las gobernaciones de la porción de los tributos que se destinan a Fondos Fiduciarios que serán eliminados, principalmente.
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