El Gobierno y el FMI se embarcaron en los últimos días en la octava revisión técnica, es decir, el examen trimestral de cumplimiento de metas del programa Extended Fund Facility (EFF) que comenzó en marzo de 2022 y que atraviesa en estos meses su recta final, al menos de la primera etapa de su funcionamiento, que incluye desembolsos a la Argentina, antes de que en poco más de dos años se invierta la dirección hacia la que fluyen los dólares y comience la devolución neta del crédito.
Según las estadísticas de la Secretaría de Finanzas, desde abril 2019 hasta marzo último, la Argentina le giró al organismo de crédito internacional poco más de USD 40.000 millones de los USD 44.000 millones del monto que finalmente le aprobó en 2018 al gobierno de Cambiemos.
Y en la semana que pasó, el Gobierno devolvió a Washington casi USD 1.930 millones de vencimientos de capital. Fue la anteúltima cuota del Stand By Agreement (SBA). Cuando en julio el Poder Ejecutivo repague otros USD 640 millones, el país habrá completado la devolución de ese crédito. Claro que todavía aparecerá en el balance que la Argentina sigue unos USD 44.000 millones en rojo con el organismo.
Esto sucede porque el país pidió el Extended Fund Facility (EFF) precisamente para refinanciar los pagos del SBA, que no podía afrontar por el tamaño que tenían en un contexto de bajas reservas en el Central. Un préstamo para cubrir otro préstamo. Ese EFF tiene plazos más largos, y esa ventana de tiempo le permitirá al Estado empezar en septiembre de 2026 la devolución propiamente dicha de la deuda con el FMI. Recién ese momento comenzará el proceso de desendeudamiento con el organismo. El plazo va hasta 2032.
Con muy bajo perfil, un grupo de técnicos del Fondo Monetario estuvo toda la semana en Buenos Aires recorriendo despachos del Ministerio de Economía y el Banco Central para auditar si el Gobierno logró alcanzar los objetivos -fiscales y de acumulación de reservas- del primer trimestre del año, las primeras que corresponden enteramente a la gestión de Javier Milei al frente de la Casa Rosada.
Los números muestran que esas dos metas, que son la columna vertebral del esquema de objetivos acordados, fueron cumplidas con amplitud. Especialmente la que establece cuál debería ser el superávit fiscal primario, que terminó por ser en el primer trimestre cuatro veces más grande de lo que prentendía el FMI y había aceptado el Gobierno en un principio.
El cumplimiento de estas primeras metas para 2024 le dará derecho al Poder Ejecutivo a recibir otros USD 800 millones de desembolsos, una vez que el directorio del organismo dé luz verde.
Los desembolsos desde Washington, a esta altura del desarrollo del programa EFF, son mucho menos onerosos que los que había hasta principios de año, cuando el recién llegado equipo de gobierno negoció el envío de USD 4.700 millones hacia las arcas del Banco Central, porque en ese momento los números de reservas netas negativas eran mucho mayores a los de ahora.
Ese movimiento implicó que los desembolsos pendientes para junio y septiembre sean reconfigurados en tres partes más pequeñas, de USD 790 millones, USD 525 millones y USD 545 millones, respectivamente.
De ahí que ahora el trabajo de los técnicos del FMI, a diferencia de la séptima revisión, tendrá un tratamiento menos exigente y no incluirá, según está previsto, la llegada de altas autoridades del organismo o visitas de alto perfil de funcionarios argentinos a Washington, según aseguraron altas fuentes oficiales a Infobae.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no estuvo directamente involucrado en la revisión en marcha. Solo habría, tras el retorno del equipo técnico del FMI a los Estados Unidos, una comitiva de segundas o terceras líneas para cerrar formalmente la revisión y asegurarse el envío del desembolso.
El último informe de staff elaborado por el equipo técnico del Fondo, y que fue aprobado por el directorio a fines de enero, estableció cuáles son las metas trimestrales que tendrán vigencia durante lo que reste del programa actual este año. Las dos principales son la de tope al déficit primario -en esos términos se discutió durante el gobierno anterior y tras el recambio en la Casa Rosada pasó a debatirse cuánto sería el superávit- y la acumulación de reservas en el Banco Central.
Para el caso del objetivo fiscal del primer trimestre, el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el FMI fue que el sector público nacional debería poder mostrar a fines de marzo un excedente primario -es decir, la contabilidad que no toma en consideración el pago de intereses de deuda- de $962.000 millones, pero el dato final fue de $3,8 billones.
Y a fines de marzo “el Banco Central habría acumulado unos USD 2.200 millones más que los USD 6.000 millones por encima del nivel que tenían al 10 de diciembre 2023″, según la consultora LCG.
Una particularidad que tendrá lo que resta del año en la relación con el Fondo es que demandará muchas más divisas al BCRA de lo que tendrá para darle a las arcas del ente monetario. El balance entre ingresos y egresos será negativo en más de USD 2.000 millones, según estimaciones privadas. Eso sucederá porque los desembolsos desde Washington cubren los pagos de capital, pero no los intereses y sobrecargos, que deben ser abonados con dólares propios.
Un cálculo de LCG arrojó que quedan desembolsos del FMI pendientes por USD 1.863 millones, junto con pagos de capital en lo que resta del 2024 por USD 2.570 millones y de intereses por USD 2.076 millones. El saldo, de esa forma, sería negativo por USD 2.783 millones.
“Los números dependen del valor del DEG (la unidad de cuenta del Fondo) y de que no cambie mucho el porcentaje de la tasa de interés del FMI”, explicaron a este medio desde esa consultora.
Por su parte, también ante una consulta de Infobae, analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), aseguraron que el saldo de los próximos meses será negativo en USD 2.320 millones, “pero si lo vemos desde ahora, la cifra es más negativa porque hubo financiamiento neto positivo en los meses anteriores”.
De hecho, “desde abril último en adelante, el flujo neto de salida hasta fin de año es de USD 3.340 millones. El Gobierno tiene alrededor de USD 2.800 millones en sus depósitos entre DEG y dólares que vino comprando para cubrir esos compromisos”, estimaron en PPI.
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