Tras varios idas y vueltas desde la primera vez que apareció en la versión inicial de la Ley Ómnibus, el Gobierno finalmente aceptó eliminar el articulado que preveía autorizar al Ministerio de Economía a activar un proceso de “consolidación de la deuda pública” que le permitiría absorber y deslistar bonos del Tesoro en manos del sector público, principalmente Anses. Así, los USD 33.000 millones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) quedarían en poder del organismo previsional.
La versión definitiva de la ley Bases que firmaron los diputados en el plenario de comisiones que sesionó este jueves y que consiguió dictaminar sobre el proyecto y girarlo al recinto no cambiará el statu quo de la deuda que se encuentra en las carteras de inversión del propio sector público. El Gobierno buscó desde la primera versión de la ley poder quitar esa masa de títulos públicos de la cuenta de deuda pública total. Ese primer intento ensayó también un traspaso de acciones que forman parte del FGS hacia el Palacio de Hacienda, pero fue uno de los primeros cambios que la oposición le exigió al oficialismo para darle curso al proyecto de ley.
Un ensayo del mismo articulado con menor alcance trató La Libertad Avanza (LLA) de discutir en el parlamento en las últimas versiones. En la variante del texto de ley que giró el Gobierno a los mandatarios provinciales hace algunas semanas todavía estaba previsto el artículo 56° sobre la la “consolidación” de la deuda pública en manos de entidades del sector público.
Esa medida excluía las tenencias de activos del Banco Central o el Banco Nación pero que incluye taxativamente al fondo inversor de Anses. “Los títulos de deuda pública que sean consolidados de acuerdo con lo establecido en la presente ley serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional, en donde se cancelarán por confusión patrimonial”, rezaba el artículo 58°.
En el artículo 61° el Poder Ejecutivo buscaba establecer qué tipo de inversiones queda habilitado para hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así, estipulaba que la Anses “podrá invertir el activo del Fondo administrado” en acciones, obligaciones negociables de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas y futuros y opciones sobre esos títulos valores. También derogaba el artículo 76° de la ley N° 24.241, que es el que le pone topes a qué peso pueden tener en la cartera total cada tipo de inversión. Finalmente, como resultado del toma y daca con los bloques opositores, la idea perdió fuerza y terminó por ser dado de baja de la ley ómnibus.
Según información actualizada recientemente por la Anses, el FGS tiene en su cartera unos USD 33.490 millones de bonos del Tesoro nacional, un aumento de 30% en comparación con los USD 25.665 millones de enero, lo que podría atribuirse al paulatino atraso cambiario tras la devaluación de diciembre. Si el articulado hubiese sostenido la iniciativa y la ley se aprobara, Ministerio de Economía habría podido deslistar esa porción de bonos y hubiese eliminado más del 10% de los bonos y letras del Tesoro -en pesos y dólares- en circulación.
En detalle, el FGS cuenta con tenencias de 36,3 billones de pesos en títulos del Tesoro en moneda local, un 72,2% del total de su cartera a marzo pasado. De ese total, el 70,8% (25,7 billones de pesos) corresponden a títulos atados a la inflación, otro 16,1% (5,8 billones) a bonos en dólares a tasa fija y con participaciones mucho menores otros 3,5 billones de un título dollar linked. Creció, a lo largo de marzo, el peso de la deuda atada a CER: en febrero el peso en el menú total de bonos en poder del FGS era de 45,3% y saltó a ese 70,8% en un mes.
Otro 13,7% de las inversiones de Anses están explicadas en acciones de empresas. La principal es Ternium, de la que posee acciones por un valor de 1,052 billones de pesos, lo que representa un 15.2% de la cartera total accionaria y solo un 2,1% de las inversiones totales del FGS. Le siguen más atrás el Banco Macro ($1,019 billones), Grupo Financiero Galicia ($749.498 millones), Transportadora de Gas del Sur ($621.022 millones) y Pampa Holding ($581.962 millones).
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