Luego de la polémica por la supuesta presión de Cancillería para favorecer el barco de un empresario chino, situación que derivó en varias renuncias, el Gobierno nacional designó a parte de los funcionarios que integrarán el Consejo Federal Pesquero, en representación del Ministerio del Interior.
Este organismo estatal se conforma por la representación de diferentes entidades nacionales y provinciales. De esta manera, el Poder Ejecutivo nacional designa dos representantes, mientras que los ministerios de Relaciones Exteriores y Ambiente, que ahora está bajo la órbita de la cartera del Interior, nombran a una persona respectivamente para que los represente ante el Consejo. Lo mismo hacen las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.
Frente a esto, el Ministerio del Interior nombró a Javier Ricardo Milano Rodríguez, designación que se hizo efectiva a través de la resolución 75/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Actualmente, Milano Rodríguez se desempeña como secretario de Provincias y Municipios de la cartera que depende de Guillermo Francos.
A su vez, nombraron como representante suplente primero al subsecretario del Interior, Tomás Manuel Paunnunzio, y como segundo a Julia Erika Mantinian, quien ya se desempeñaba como parte del Consejo.
Las designaciones se dan luego de que se conociera la polémica por una supuesta presión de Cancillería para favorecer al barco pesquero Tai An, perteneciente a un empresario chino Liu Zhijiang. Uno de los involucrados fue el ex coordinador general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Ferrara Raisberg, quien habría sido designado como representante de la cartera en el Consejo Federal Pesquero, pero presentó su renuncia, así como lo hizo Julián Suarez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera, área dependiente del Ministerio de Economía.
El hecho ocurrió en marzo, cuando Suárez dimitió tras haber recibido una presunta llamada de Cancillería para interceder a favor del buque pesquero que estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra, que está bajo un régimen de cuotificación que existe hace 15 años.
El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que llevaba 163 toneladas de esta especie de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería.
El funcionario que se habría comunicado fue Ferrara Rainsberg, quien, con un tono fuerte e intimidatorio pero no insultante, cuestionó el procedimiento y ordenó que el barco no debería regresar, según pudo saber Infobae en esa oportunidad.
En consecuencia, el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tomó intervención en el caso y ordenó que no regresara, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra. “Finalmente, la llamada tuvo el efecto que buscaban”, dijo una fuente con conocimiento del tema a este medio. “Es una intromisión desmedida en un área ajena a su órbita. Fue todo muy intimidatorio”, agregó otro allegado.
La merluza negra es una especie muy buscada y escasa. Tiene un precio de venta de hasta USD 30.000 y por año están autorizadas a pescar en el Mar Argentino unas 3.700 toneladas. Por eso, las 163 toneladas en un solo barco en un día resultaba un número significativo, casi 5 millones de dólares de valor de venta final.
La captura de la merluza negra fue realizada violando todas las normas porque Prodesur, la empresa dueña de Tai An, no tiene “cuota de captura”, sino porque violó no solo el límite lo que podía captar “incidentalmente” (esto es, “sin querer”) sino que lo hizo de forma alevosa y deliberada.
“Ese barco ha estado capturando merluza negra sin cuota. Configura un caso de pesca ilegal porque es una captura intencional contra la ley”, consideró sobre el tema Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales a este medio.
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