Tras descartarse los aumentos por decreto de las jubilaciones y la posibilidad de cambiar la actual fórmula de movilidad jubilatoria a través de la ley ómnibus por una atada a la inflación a partir de abril, los haberes de los jubilados seguirían perdiendo poder adquisitivo en un contexto en que la aceleración de precios corre al 20% mensual, según un informe de LCG.
En detalle, en la actualidad la actualización de los haberes se realiza de manera trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) en función de la evolución de los salarios y de los ingresos tributarios destinados a ANSES, con un rezago de tres meses.
Entonces, el ajuste a aplicar en marzo contempla la dinámica de estas dos variables durante el trimestre octubre-diciembre de 2023. En base a cálculos de LCG, esto implicará un incremento de los haberes en torno al 44% mensual.
Pero, según indica el informe de la consultora, si la inflación se sostiene en los niveles actuales, el aumento previsto por la ley no alcanzará para cubrir la pérdida de poder adquisitivo en estos meses.
Si bien este era el argumento que el oficialismo utilizaba para avalar la derogación de la fórmula, no explicitaba que los aumentos que ofrecería corregirían esta situación.
De acuerdo a LCG, una fórmula que considere sólo Indice de Precios al Consumidor (IPC) cómo variable de indexación hace preservar mejor (aunque sea parcialmente) el poder adquisitivo de las jubilaciones para los próximos meses, porque el contexto es el de una sensible caída del salario real.
“Esta mejor cobertura se da incluso si el IPC utilizado para las jubilaciones pagadas en abril fuera el de febrero, perdiéndose la inflación de enero”, aseguró la consultora en un informe.
“Durante 2024 el ajuste por IPC preserva a las jubilaciones de una nueva caída del salario real como consecuencia de la última devaluación y el aumento de precios. Además, los recursos tributarios destinados a Anses (IVA, impuesto al cheque, combustibles, etc), el otro componente de la fórmula vigente, también se verían afectados en el marco de una recesión”, sostuvo.
Cabe destacar que ninguna de las dos opciones implicará la recuperación del ajuste real del 48% que acumularon los haberes jubilatorios en los últimos 6 años. Más bien tienden a perpetuar la pérdida. En promedio, los haberes se incrementarían 284% en 2024 contra una inflación esperada de 490% anual y una proyección de caída de la actividad del 4% anual.
“Desde una perspectiva de más largo plazo, las opciones IPC (dependiendo del mes que se tome para actualizar las jubilaciones) supondrían poner los haberes en niveles semejantes a los de 2004-2005. Se ubicarían lejos de niveles que alcanzaron a partir de los ajustes por movilidad que se dieron desde 2008 por la aplicación de distintas fórmulas”, explicó el informe de LCG.
Implicancias fiscales
Por otro lado, es importante poner el foco en lo que representa cada opción para las cuentas públicas. Por caso, el gasto en jubilaciones de ANSES fue equivalente a 6,5% del PBI en 2023 y cerró el tercer año al hilo en baja con un ajuste de casi 2 puntos porcentuales respecto a 2017-2019. Aun así, representa 32% del gasto primario del sector público nacional.
El informe sostiene que la fórmula vigente implicaría un nuevo ajuste en el gasto, que cerraría en 4,8% del PBI en 2024, mientras que con la indexación por IPC a partir de abril el recorte del gasto sería menor: se reduciría a 6% del PBI si el empalme se hace con la inflación de enero o a 5,6% del PBI si se hace con la de febrero.
En tanto, LCG indicó que la fórmula de movilidad que opera hoy implica un aumento de la carga fiscal en momentos de desinflación y un alivio en momentos de aceleración. La contracara es la mejora/ pérdida de poder adquisitivo de los haberes en cada caso.
“Esto responde en parte al rezago con que se contemplan las variables que se incluyen en la fórmula (haberes se mueven con inflación pasada, ingresos públicos mayormente con inflación presente)”, explicaron.
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