La Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó la trascendencia de que el país haya arribado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del Programa de Facilidades Extendidas (SAF).
“El entendimiento entre el Estado argentino y el organismo multilateral es un paso importante en pos de generar certidumbre macroeconómica, equilibrio fiscal y externo, crecimiento y -con ello- más empleo formal de calidad”, señalaron desde la entidad.
Paralelamente, en lo que hace al proyecto de Ley Ómnibus que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional, los sectores y las regiones productivas de la entidad manifestaron su preocupación por el impacto negativo que tendría la suba de retenciones al 15% sobre el sector industrial y las exportaciones.
“El nuevo esquema de derechos de exportación impactará en forma negativa sobre la generación de divisas, el desarrollo de las cadenas productivas de valor, el crecimiento de la inversión privada, el empleo y la recaudación fiscal futura”, advirtieron.
Esta situación se da en un contexto preocupante para grandes empresas y pymes debido al aumento de costos en dólares y la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía. La entidad ha transmitido esta preocupación en diversos ámbitos del Poder Ejecutivo y también hará lo pertinente durante el debate en las comisiones parlamentarias.
“En un mundo que tiene a la competitividad como eje de la inserción internacional, resulta clave desarrollar normativas que promuevan las exportaciones con valor agregado y –claramente– no las penalicen. Así como también resulta relevante la continuidad de la Ley de Compre Argentino y del Programa de Desarrollo de Proveedores para consolidar el potencial productivo en todo el territorio nacional”, remarcaron los voceros de la UIA.
“Entre las oportunidades y los desafíos que Argentina tendrá en los próximos años, sostener y ampliar mercados son prioridades para diseñar políticas de Estado”, agregaron.
La reforma laboral
La UIA también manifestó su posición respecto a las propuestas elevadas por Nación en relación a las modificaciones del régimen laboral.
“Tal como manifestó oportunamente la UIA, las modificaciones implementadas por el Gobierno en materia laboral –tal como señala el Libro Blanco de la entidad– se inscriben en el marco de las nuevas realidades laborales que los países desarrollados han gestado para la adaptación al cambio tecnológico, la competitividad, la productividad y la generación de empleo genuino y de calidad”, subrayaron desde el organismo.
“Entendemos que tales modificaciones permitirán sentar las bases para que –conforme se vaya materializando la recuperación económica– la formalización, la simplificación, la desburocratización y la sostenibilidad sean activos del crecimiento económico con inclusión laboral”, sumaron.
Los departamentos técnicos de la UIA continuarán trabajando sobre las normativas en debate y analizando su impacto sobre el entramado productivo. Estas contribuciones son un aporte para viabilizar el desarrollo económico, la integración productiva a nivel federal y la inserción laboral en la economía formal.
Deudas con importadores
Otro tema sobre el que la UIA ha manifestado preocupación en las últimas semanas, es la deuda que los importadores mantienen con el exterior. El organismo emitió un comunicado en el que precisó que “se realizaron sugerencias para lograr que la herramienta favorezca la reducción del stock de deuda de los importadores industriales”.
La entidad fabril aclaró que se expusieron las dificultades para registrar deudas en el Padrón. Según indicaron los referentes oficiales, se están realizando mejoras en el sistema y se solicitó agilizar y simplificar el mecanismo para que se puedan registrar todas las operaciones faltantes.
Respecto del stock de deuda, quedó claro según la UIA que es “el único instrumento que queda vigente para acceder a la cancelación de lo adeudado es por medio de la suscripción al Bopreal. La primera serie se puede suscribir antes de que finalice el plazo del Padrón directamente con los bancos y con la documentación ya existente en las operaciones de importación cursadas”.
Finalmente, el comunicado se refirió al flujo de importaciones, en la que el Banco Central confirmó que no se prevén cambios en la normativa: “se confirmó que el plazo de 25% a 30, 60, 90 y 120 días es lo que se puede garantizar ahora desde el MLC para poder cubrir ese flujo”.
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