Aunque todas las preocupaciones del mercado –y también del equipo económico– apuntan al recalentamiento de las variables financieras en febrero, lo cierto es que enero presenta algunos desafíos no menores. Entre ellos, el exigente calendario para el pago de la deuda, tanto con acreedores extranjeros como con los organismos multilaterales.
El derrotero comenzará el martes 9 de enero cuando en las cuentas de los bonistas que aceptaron el canje para reestructurar la deuda en septiembre de 2020 se acredite el pago de cupones por unos USD 1.600 millones. Para un Banco Central con reservas netas en terreno ampliamente negativo y que recién en las últimas tres semanas comienzan a recuperarse marginalmente, la cifra es más que importante ya que, junto con el flujo de pagos que se calcula para los importadores, unos USD 600 millones durante el mes, prácticamente se insumirían los dólares acumulados
Existe, al menos, un atenuante: si bien el pago a los acreedores deberá realizarse por el importe total, lo cierto es que el impacto para las reservas será sólo de unos $800 millones. Esto porque el 50% de la tenencias de los títulos cuya tenencia hay que abonar está en poder del propio Estado, a través mayormente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero también de bancos públicos y otros organismos estatales, además del propio Banco Central. Aun así, aunque no son muchos, tampoco son pocos dólares para la entidad.
Desde que se inició la gestión del actual Gobierno, el BCRA compró en el mercado más de USD 2.800 millones. Claro que con el grifo de salida de divisas para importaciones completamente cerrado, las posibilidades de la autoridad monetaria en ese sentido se potencian. Esa cifra permitió que las reservas totales superaran levemente al cierre del viernes los USD 23.000 millones.
Pero las cuentas pendientes son pesadas y exceden la planilla de cálculos. Esto porque durante el mes existen otros vencimientos por más de USD 2.300 millones, cuya suerte está sujeta a la madre de todas las negociaciones con la comunidad financiera internacional. En enero hay que pagarle al FMI USD 1.900 millones y, si bien hubo contactos con las autoridades y el staff técnico, incluso con funcionarios del Tesoro norteamericano que visitaron la Argentina hace pocos días, las negociaciones formales ni siquiera se han iniciado.
Es claro que en el equipo económico y también entre aquellos economistas y ex funcionarios que conocen profundamente sobre este tipo de tratativas existe plena confianza de que el FMI será, en los próximos meses, el menor de los problemas. De hecho, las medidas económicas ya implementadas en materia cambiaria junto con el amplio paquete de desregulación económica, tanto por el DNU como la Ley Ómnibus alcanzan y sobran para ser consideradas como “prior actions” (acciones previas) para dar luz verde al eventual desembolso para cancelar los pagos más inminentes. Así funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que no está claro es si se mantendrá el mismo formato o si, ante la necesidad de mostrar poder de fuego para acelerar la unificación cambiaria, el nuevo acuerdo que negocie el ministro de Economía, Luis Caputo, contemple fondos frescos o, al menos, un adelantamiento de desembolsos como intentó sin éxito, en su momento, el ex ministro Sergio Massa. Pero eso en una segunda instancia o, mejor dicho, tal vez en el segundo semestre cuando se haya confirmado la viabilidad del plan propuesto por el presidente Javier Milei.
En cualquier caso, esa negociación deberá ser exprés. En la sede del organismo retoman el ritmo normal de la actividad tras la primera semana de enero. Será en ese momento, presumiblemente, cuando arrancará la acción.
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