El ajuste fiscal y la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas sigue siendo el “corazón” del programa de emergencia de Javier Milei. El proyecto de “ley ómnibus” que presentó el Gobierno en el Congreso abarca una enorme cantidad de áreas, pero es indudable que el aspecto impositivo resulta lo más urgente de implementación.
Más que un ómnibus, el proyecto se parece más a un tren con una importante cantidad de vagones con temas muy diferentes entre sí y casi sin conexión. Pero en el primero de esos vagones aparecen los temas relacionados con las necesidades fiscales. La suba de retenciones al 15% para todas las exportaciones y del 31% a 33% para el complejo sojero es el caso más claro. La apuesta es a repetir en alguna medida lo ocurrido luego del estallido de la Convertibilidad: en 2002 y con un dólar super alto el gobierno de Eduardo Duhalde sentó las bases para obtener superávit gemelos, tanto comercial como fiscal.
El cambio en Bienes Personales, permitiendo pagar cinco años hasta mayo próximo (aplicando una alícuota reducida del 0,75%) también busca recaudación rápida. Y lo mismo sucede con la moratoria impositiva y el blanqueo. Son instrumentos que han utilizado prácticamente todos los gobiernos en el inicio de sus mandatos casi desde la vuelta de la democracia.
La promesa de ir hacia el equilibrio fiscal y las pruebas concretas sobre la voluntad de lograrlo están sosteniendo los precios de los títulos públicos. En parte, también es uno de los factores detrás de la reducción de la brecha cambiaria, aunque en este caso pesa mucho la estacionalidad, ya que se trata de un período de mayor demanda de pesos.
Milei pide además una suerte de cheque en blanco para avanzar sobre temas muy sensibles relacionados con la actividad económica. El permiso para privatizar 41 empresas del Estado es el caso más notorio. A diferencia de lo sucedido en el proceso privatizador de la década de 1990, cuando el Congreso aprobó una ley específica para cada compañía, ahora se busca meter a todas en la misma bolsa.
Así como queda redactado, parece difícil que el Congreso le dé el visto bueno a esta iniciativa, cuando aparecen todo tipo de empresas, desde ferrocarriles argentinos, hasta Radio Nacional, pasando por YPF y hasta el Banco Nación, sobre el que ni siquiera durante el menemismo se logró avanzar.
En el caso de las acciones de ANSES sucede algo parecido, ya que buscan que sean transferidas al Tesoro, sin mayores precisiones. En su momento, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien sugirió la posibilidad de utilizarlas como garantía para recibir préstamos de bancos internacionales y fortalecer las reservas. Lo insólito del caso es que las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabiidad (FGS) son las mismas que en 2008, cuando se estatizaron los fondos de pensión. Es decir, que no se hizo modificación alguna de esas tenencias en 15 años.
En relación a la política de endeudamiento, el Gobierno procura reducir la injerencia que tiene el Congreso para tomar préstamos en dólares y también para renegociar la deuda cuando así se considere conveniente. En cambio, el acuerdo con el FMI seguiría pasando por el visto bueno legislativo.
Martín Guzmán, ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, fue uno de los que salió a criticar este posible cambio: “Si no querés aumentar deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como el megacanje de Sturzenegger en 2001?”. El ex funcionario fue más allá al preguntarle al actual ministro: “¿Sos consciente que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de la deuda pública?”
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