Aunque hasta último momento se especuló con la posibilidad de incluir varias medidas tributarias dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicó ayer, finalmente no hubo una sola línea al respecto. Quedó claro que la decisión de Javier Milei en este caso es manejarse en un 100% a través del Congreso, consciente que cualquier reforma en el sistema impositivo requiere del visto bueno legislativo.
De esta forma, el Presidente y quienes estuvieron a cargo del DNU dejaron en claro que no hay margen para equivocarse con las medidas fiscales. Si parte de las reformas previstas eran incluidas en el decreto y luego resultan frenadas por la Justicia, hubiera tenido un fuerte impacto negativo en las expectativas de los inversores. También podía entorpecer el plan de ajuste que proyecta llegar al equilibrio fiscal en 2024.
En definitiva, el mismo argumento que se utiliza para defender cada ley que deroga o modifica el DNU podría haberse utilizado para justificar cambios de alícuotas impositivas o directamente la reimplantación de una ley, como el caso del impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia.
Sin embargo, si el decreto se frena a causa de un amparo dejaría sin efecto cualquier cambio en las normas tributarias que serán presentadas en los próximos días. Semejante situación hubiera tenido un fuerte impacto negativo, planteando dudas sobre el fuerte ajuste fiscal que plantea Milei.
Las medidas resultan fundamentales para que el mercado confíe en que es factible una reducción de la inflación en los próximos meses, quizás arrancando en marzo. Un achicamiento del rojo fiscal permitirá reducir o directamente eliminar el financiamiento por parte del Banco Central, a través de la emisión monetaria.
La lectura del Presidente y que comparte el equipo económico es que la causa de la recurrente y elevada inflación es el permanente aumento del déficit fiscal. Cortar ese circulo vicioso es fundamental para confiar en que a partir del segundo trimestre la economía empezará a mostrar señales de una desaceleración inflacionaria y de a poco una recuperación de la recesión por el ingreso de los dólares de la cosecha.
El paquete fiscal que será presentado para su aprobación legislativa contiene diversos aspectos y es una parte relevante del ajuste que pretende llevar adelante el Gobierno para cerrar con las cuentas equilibradas.
La reinstalación de Ganancias permitirá coparticipar el ingreso con las provincias, pese a que los gobernadores peronistas pidieron otra solución. Milei, en este caso, se opuso a que sea el impuesto al cheque lo que se comparte con las provincias, ante el riesgo de desfinanciar al Tesoro nacional.
Otra de las modificaciones que se viene es en el impuesto a los Bienes Personales. Se plantea ir a una alícuota descendente, arrancando en el 1,5% para llegar a 0,75% en un plazo de cinco años, con leves reducciones anuales. Pero además estará la posibilidad de adelantar el pago del impuesto por cinco años a la alícuota más baja. Quienes lo acepten, no deberán presentar declaraciones juradas de este gravamen por ese período.
Además, se abrirá un nuevo blanqueo que privilegiará a los montos chicos, ya que hasta el equivalente a 100.000 dólares no habrá que pagar una penalidad. También habrá un tratamiento más benigno para quienes acepten depositar dólares en una cuenta especial en la Argentina, que establecería un plazo para poder utilizar esos fondos.
Otra de las medidas que irá al Congreso en esta línea es la moratoria impositiva. Habría fuertes quitas de intereses y punitorios para reestablecer la capacidad de pagos de pymes, muy golpeadas por la caída de la actividad y el aumento de las tasas de interés.
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