Un relevamiento privado confirmó el aumento de la inquilinización en la ciudad de Buenos Aires. Antes, la mayoría eran propietarios, pero ahora, debido a la dificultad de acceder a la propiedad, los inquilinos han crecido de manera alarmante. En los ‘90, sólo el 10% de los porteños alquilaba, mientras que ahora esta cifra se eleva a más de 40% y se acerca rápido a la mitad.
Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente hay 488.000 hogares de inquilinos en los distintos barrios.
Expertos señalan que el fracaso de la política de créditos hipotecarios, que buscaba solucionar la cuestión habitacional es una de las razones fundamentales detrás de este fenómeno. El movimiento “La ciudad somos quiénes la habitamos” y el Observatorio del Derecho a la Ciudad confirmaron esta perspectiva a Infobae.
Este grupo de investigación también detectó que los millones de metros cuadrados construidos recientemente solo han sido accesibles para un máximo del 5% de la población porteña con ingresos y capacidad de ahorro suficientes para adquirir nuevas viviendas. A pesar de la construcción de más de 10 millones de m2 entre 2011 y 2021, alrededor de 400.000 personas viven en villas (barrios populares) y 1 de cada 6 habitantes enfrenta déficit habitacional.
La incapacidad de acceder a la propiedad llevó a gran parte dela población a incrementar la densidad demográfica en las villas, alquilar y buscar viviendas en áreas más alejadas.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresó a Infobae: “Se duplicó la cantidad de viviendas construidas, de 8.500.000 a 17.700.000, mientras que la población sólo creció un 50%, de 30.800.000 a 46 millones. Pero a pesar del aumento en la cantidad de viviendas, debido a la imposibilidad de que la mayoría de la población acceda a la propiedad, el porcentaje de inquilinos en las ciudades aumentó”.
Actualmente, la Ley de Alquileres está en el centro del debate. A pesar de que Diputados aprobó la media sanción para reformar los artículos más polémicos, en el Senado el tratamiento se trabó y no hay fecha precisa para su debate. La falta de oferta de viviendas en alquiler y los altos costos también están llevando a las personas a alejarse de las áreas centrales en busca de opciones más asequibles, sacrificando proximidad a lugares de trabajo y acceso a servicios.
Expertos sostienen que a medida que cientos de familias no logran acceder al alquiler, crece la informalidad. Se traduce en ocupaciones de terrenos en villas, alquiler de viviendas diminutas o quedarse en situación de calle.
Baldiviezo señaló que el problema de los alquileres no se limita a la ley sancionada en 2020, que sigue vigente, y mencionó temas como la creciente dolarización del mercado, la inflación y la desregulación de plataformas de alquiler temporal.
“Debemos avanzar en la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social y en políticas de desconcentración de la tierra y las viviendas urbanas. La vivienda debe considerarse un derecho humano y el acceso a la misma como un servicio público. Las responsabilidades recaen tanto en el Estado nacional, la Ciudad y el sector inmobiliario”, amplió Baldiviezo.
Soluciones para pocos
La concentración de inmuebles en pocas manos también conlleva a fijar precios especulativos. “En los últimos tiempos, el mercado constructivo se centró en opciones de calidad, o premium, en lugar de soluciones para la mayoría de los demandantes de vivienda”, señaló Jorge C. Resqui Pizarro, presidente de la Asociación Civil del Consumidor-Consorcista (Adeproh).
Otro problema radica en la falta de control estatal (a nivel local, nacional y provincial) en la registración de los contratos de alquiler tradicional (según la normativa de AFIP). Debería destinarse parte de los impuestos recaudados para programas de compra y construcción de unidades habitacionales destinadas a alquiler, administradas por los Estados, con el propósito de abaratar precios y facilitar el acceso a la vivienda para familias inquilinas (práctica común en principales ciudades de naciones desarrolladas).
“Además, falta la intervención estatal para promover incentivos fiscales a los propietarios que alquilan (exenciones totales o parciales de impuestos a inmuebles y locaciones por períodos amplios, con la condición de destinarlos a alquiler habitacional). Se debe establecer un impuesto a la renta ociosa (aplicado a viviendas desocupadas por largo tiempo, similar al existente en muchas ciudades y países del sistema capitalista) para financiar la construcción de inmuebles administrados por el sector público, permitiendo alquileres asequibles para la mayoría”, concluyó Resqui Pizarro.
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