En el último día hábil judicial antes del inicio del receso por la feria de invierno, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hizo una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ella, la administración que encabeza el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, volvió a denunciar que el Gobierno nacional mantiene inalterada la situación de incumplimiento del fallo cautelar dictado por el máximo Tribunal el pasado 21 de diciembre de 2022 ordenando restituir fondos de la coparticipación federal de impuestos en favor de CABA. Además, el escrito, firmado por el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, pide que se cite a declarar a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, para que aclare declaraciones sobre las “instrucciones” que recibió al respecto de la devolución de recursos al distrito porteño del ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hoy miembros de la principal fórmula presidencial del oficialismo para las PASO del 13 de agosto.
El cálculo del gobierno porteño
Concretamente, el gobierno porteño denuncia que la deuda acumulada en favor de CABA debido al incumplimiento del gobierno nacional, actualizada al día 13 de julio (esto es, al jueves pasado) asciende a algo más de $148.000 millones de pesos. Por tal motivo la presentación del gobierno porteño reitera el pedido trabar embargo sobre los fondos que corresponde percibir al Estado Nacional de los fondos coparticipables y la adopción de sanciones pecuniarias a los funcionarios responsables del incumplimiento de la resolucion cautelar.
“Asimismo, subsiste la deuda proporcional correspondiente al período comprendido entre los días 1 a 21 de diciembre de 2022, incumpliendo de esta manera con el pago dispuesto por imperio de la Ley Nro 27.606 en su artículo 3″, dice la presentación, firmada por el Procurador porteño. Esa parte del reclamo asciendo a $ 4.227 millones, con lo que el reclamo supera los $ 152.000 millones.
Además, Astarloa reitera la “solicitud de intimación al Banco de la Nación Argentina a que cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo en que fueron ordenados por V.E, máximo lo manifestado por la Presidenta del Banco de la Nación Argentina mediante nota de fecha 3-3-2023″ en la que la funcionaria, la exministra de Economía, Silvina Batakis, “manifiesta que no ha sido notificada de ninguna medida ordenada en el proceso”.
Larreta va por la fórmula oficialista
La jugada judicial del gobierno porteño mete así en la disputa judicial y por los fondos al ministro de Economía, Sergio Massa, y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Sucede que Batakis declaró bajo juramento ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el juicio que el kirchnerismo le sigue a la Corte Suprema de Justicia, que no había recibido una “notificación”, sino “instrucciones” del ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete respecto de lo que el BNA debía hacer con la orden judicial de transferencia de recursos. Esto es, de Massa y de Rossi.
“El Banco Nación, al recibir esa instrucción , le solicita le solicita al Gobierno de la Ciudad que abra una cuenta comitente porque, como Uds. Saben, los títulos públicos no pueden ser depositados en las cuentas comunes del régimen de Coparticipación”, dijo Batakis en declaraciones
Esa afirmación va al núcleo del conflicto, porque el Gobierno nacional decidió que pagaría la deuda en bonos y no en efectivo, como ordenó la medida cautelar de la Corte Suprema y a la que se atiene el gobierno porteño porque -argumenta- no se tratar de un “stock” de deuda, sino de pagos diarios en concepto de coparticipación de impuestos, que diariamente se acreditan en las cuentas de 24 jurisdicciones subanacionales, incluida CABA.
Mediante su declaración bajo juramento en la Comisión de Juicio Político del Congreso, Batakis involucró a Massa y Rossi y ahora el gobierno porteño insiste en que debe ser llamada a aclarar el asunto, presumiblemente en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas sobre las responsabilidades den la desobediencia del Gobierno Nacional a la cautelar de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos a CABA.
En la parte final de la presentación, el procurador porteño agrega otro pedido: “Ante la persistencia del manifiesto incumplimiento de la demandada, reitero también la solicitud de aplicación de sanciones pecuniarias en los términos del art 37 del CPCCN (artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”.
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