La gran masa del ahorro de la Argentina está resguardada en dólares, como una reacción en cadena ante el avance de la inflación, que crece sistemáticamente desde la caída de la convertibilidad. Y la mayor parte de ese ahorro en dólares se encuentra fuera del sistema financiero. Es por eso que un sector de la dirigencia política puso sobre la mesa la posibilidad de implementar una dolarización de la economía, para darle curso legal a esas divisas que tanto se necesitan y desplazar al peso, que se devaluó –según el tipo de cambio oficial regulado por el BCRA– un 50% en los últimos doce meses.
En ese sentido, un informe de Anker Latinoamérica, la consultora que dirige Luis “Toto” Caputo –ex presidente del BCRA y ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri- indicó que “la dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante como suelen simplificar algunos medios o colegas”. Señaló que busca “aportar al debate argumentos a favor de la necesidad de contemplar un esquema monetario/cambiario alternativo, así como aspectos relacionados a la factibilidad de su implementación”.
¿Cuántos dólares se necesitan?
La cuestión fundamental en un nuevo esquema cambiario es cuántos dólares se pueden conseguir para respaldar una dolarización en Argentina.
Es decir, las divisas necesarias para canjear todos los pesos de la economía. “Con datos al 17 de mayo, la suma de la base monetaria y los pasivos remunerados ascendía a $20 billones. Esto implicaría que, por ejemplo, a un tipo de cambio de $490 el BCRA debería disponer de activos en dólares –billetes o valor de mercado de activos– por USD 40.800 millones”, detalló el estudio de Anker.
Hay que recordar que el Banco Central argentino no tiene dólares propios en las reservas brutas. Éstas alcanzan los USD 33.000 millones, de los cuales USD 18.000 millones son yuanes del swap con China, unos USD 4.000 millones corresponden a oro, unos USD 2.000 millones en DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI y otros USD 4.000 millones son obligaciones contraídas con entes internacionales. El resto está integrado por dólares de los depositantes, que si bien están custodiados por el BCRA son propiedad privada y no del Estado para disponer de ellos.
“Tomemos como supuesto inicial que el BCRA no contara con reservas netas líquidas disponibles para la implementación de una dolarización –situación actual. Esto implica que haría falta financiarla de alguna manera. Para esto, el BCRA cuenta con activos en su balance por un valor nominal mayor a USD 84.000 millones: Letras Intransferibles del Tesoro en dólares, Bonos del Tesoro en dólares y pesos, y Adelantos Transitorios del Tesoro en pesos. Adicionalmente, el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses) cuenta con USD 13.000 millones en bonos del Tesoro en dólares y pesos”.
“Considerando que el valor de mercado de los bonos bajo ley extranjera emitidos por Argentina suma hoy un total de USD 17.500 millones, nuestra estimación es que aún si agregáramos a los activos del BCRA los bonos en poder del FGS, la demanda por una estructura financiera sobrecolaterizada con riesgo argentino y bajo jurisdicción extranjera, difícilmente supere los USD 12.000 millones”, estimó.
Anker calculó que el valor de mercado de las acciones en poder del FGS es de aproximadamente USD 4.000 millones, con potencial de revalorización en un contexto político y económico más favorable. También consideró que el FMI podría aportar nuevos fondos frescos entre USD 10.000 y USD 15.000 millones. “El monto definitivo dependerá de la cantidad de dólares necesarios para implementar la dolarización, la robustez del programa económico en su conjunto y el poder de negociación del país”, puntualizó.
“Si hubiera USD 12.000 millones del mercado, USD 4.000 millones por activos del FGS y USD 15.000 millones del FMI, habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente USD 31.000 millones. El saldo remanente de USD10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos financieros o no financieros o, idealmente, vía superávit fiscal financiero”, proyectó la consultora, cálculo que exigiría un superávit financiero consistente del orden de 2,5% del PIB.
“La implementación de la dolarización no es inmediata. Como muestran las experiencias de Ecuador y El Salvador, el canje del circulante tiende a ser gradual en el tiempo. Por la misma razón, tampoco es necesario contar con la totalidad de los dólares el primer día ya que, por ejemplo, una parte de los depósitos permanecerá en el sistema bancario, contribuyendo liquidez al BCRA”, afirmó la consultora que dirige Caputo.
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