Argentina empeoró desde 2010 en el acceso a la alimentación, la salud, al empleo y a la seguridad social

Junto al dato puntual del nivel de pobreza en el segundo semestre del 2022, que según el Indec ascendió a 39,2% del total de la población, aparece una tendencia preocupante en la última década en varias dimensiones, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la evolución de la pobreza por ingresos, multidimensional, las carencias no monetarias y la situación social en los distintos estratos socioeconómicos de la Argentina.

Mientras algunos aspectos vinculados al contexto ambiental mejoraron desde 2010, empeoraron el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y a la seguridad social, pese a las medidas asistenciales adoptadas por el Estado.

Un período de bajo crecimiento económico -en particular del PBI por habitante-, de escasa creación del empleo privado registrado, de baja inversión privada y de alta inestabilidad (vía dólar e inflación) explican estos desalentadores resultados. Aun con una baja en el desempleo total, esta corriente de degradación no se ha detenido y así lo reflejan los centros urbanos que exhiben bajas tasas de desocupación y altos índices de pobreza, según los datos del Indec.

El estudio de la UCA refleja que el déficit de empleo y seguridad social no varió entre 2010 y 2022, al mantenerse en torno del 31% de la población; que creció el porcentaje de déficit en alimentos y salud del 20% al 27% en este período y, en particular, la inseguridad alimentaria severa pasó del 7% al 9 por ciento.

Además, mientras que mejoró el acceso a las redes de cloacas y agua corriente, no mejoraron las condiciones para acceder a una vivienda digna, tanto por tamaño apropiado para la cantidad de miembros del hogar, como de la calidad de los materiales.

Principales conclusiones del estudio privado

Los datos son contundentes. Tanto que casi no requieren un análisis, pero aun así, estas son las principales conclusiones a las que arribó el equipo que dirige Agustín Salvia:

- En un contexto de mejoras variables, pero tendencialmente regresivas en materia de bienestar para el período 2010-2021, las evidencias dan cuenta de un aumento de la desigualdad estructural al interior del AMBA para una serie de dimensiones cruciales asociados a las condiciones materiales de vida y de integración social.

- En la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las privaciones no monetarias manifiestan un carácter marginal como el caso del acceso a servicios básicos o muy reducidos, como el acceso a una vivienda digna.

- Para los partidos del Conurbano Bonaerense, estos aspectos asumen una incidencia muy superior, aunque registran una mejora a lo largo del período observado. Sin embargo, dada la desigual composición socioeconómica de ambas jurisdicciones, aumentó la brecha de desigualdad socio-urbana.

- Tanto en relación al acceso a la vivienda, los servicios básicos y a un medioambiente saludable, se observan mejoras asociadas a la inversión pública en materia de saneamiento y mejora ambiental.

- En cambio, otros aspectos registran una evolución desfavorable, particularmente en los últimos años, como el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y la seguridad social. Estos factores están asociados a la crisis, situación que se agravó aún más como consecuencia de la pandemia.

- El impacto sobre el mercado de trabajo y sobre los ingresos reales de los hogares implicó un incremento de los niveles de pobreza por ingresos y de carencias en estas dimensiones.

- Como consecuencia de este proceso, el análisis de la evolución de la pobreza multidimensional muestra un incremento de la brecha entre los niveles de desigualdades estructurales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Conurbano Bonaerense, como expresión de la suerte corrida por diferentes segmentos sociales.

- Más en general, las áreas metropolitanas de América latina y el Caribe son territorios fragmentados en términos no sólo político-jurisdiccionales sino también socioeconómicos; esta segmentación social es un factor crucial que explica sus progresos, retrocesos, heterogeneidades y desigualdades, incluso, la (in)capacidad de poner en marcha políticas de desarrollo urbano sustentables.

- La reproducción de desigualdades no solo tiene lugar entre jurisdicciones, sino también al interior de cada una y de los propios segmentos sociales, haciendo cada vez más difícil la tarea de aplicar políticas de gobernanza metropolitana y de desarrollo humano integral.

- En los extremos de esta dinámica florecen los barrios cerrados, al mismo tiempo que la toma de tierras marginales por sectores expulsados de espacios con nuevos desarrollos inmobiliarios.

- Un desarrollo económico socio-productivo con efectos redistributivos en materia de ingresos, bienes y servicios públicos, capaz de permitir el progreso socioeconómico a los sectores más pobres y vulnerables, es condición necesaria para cualquier proceso de modernización urbana, e, incluso, para alcanzar de manera efectiva y sostenible programas de desarrollo urbano sustentables. De lo contrario, el resultado puede llegar a ser -tal como muestra el caso del AMBA- un desarrollo ampliado de la pobreza y la desigualdad urbana.

Evolución del problema

El último jueves, el Indec informó que en el segundo semestre del 2022 la pobreza, de la mano de una inflación que llegó al 95%, ascendió a 39,2% de la población, frente al 37,5% registrado un año antes.

Luego del pico del 60% alcanzado tras la implosión del 2001, el siguiente techo fue el 42% en la pandemia y cuarentena del 2020. Y del 35,5% registrado cuando el gobierno de Mauricio Macri finalizó su presidencia, el fenómeno no dejó de registrar incrementos, tal como lo reflejaron mes a mes las brechas crecientes entre la variación del valor de las canastas básicas de pobreza e indigencia y la tasa de inflación.

Entre 2007 y 2015, las cifras son borrosas por la distorsión de las estadísticas oficiales del Indec, una estrategia que llevó en 2014 a dejar de medir la pobreza y al entonces ministro Axel Kicillof a afirmar: “No tengo el número de pobres, es una medida estigmatizante”.

El análisis de la UCA tiene el valor agregado de medir la pobreza multidimensional y dejar en claro que los ingresos cada vez son más insuficientes para mantenerse a flote dentro de la clase media.

Esta tendencia se registra pese al incremento de los planes sociales en la última década y a las diferentes iniciativas que buscaron sumar jubilados sin aportes al sistema previsional.

Un costado de la moneda podría indicar que, sin estos programas, los resultados actuales serían peores. El reverso es que, pese a este incremento de la asistencia social, el panorama mantuvo su tendencia declinante. Con una de las tasas de inflación más altas del mundo, solo superada por Venezuela, Zimbabue y Líbano, no hay por qué sorprenderse de estas cifras.

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